Por: Pilar Ferreyra
La violencia contra las mujeres no se limita a una edad. Ni siquiera a una región, ni a una clase social. Es un mal histórico que sigue dispersándose por todo el planeta. Las cifras no admiten que la denuncia de la violencia hacia la mujer se asocie al exceso.
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Hoy, una de cada tres mujeres en el mundo tiene probabilidades de ser golpeada. De ser obligada a mantener sexo. O de recibir malos tratos psicológicos, de acuerdo a estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esto es lo que difundió el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ayer durante la presentación de la campaña anual de intensificación de las iniciativas dirigidas a acabar con la violencia contra la mujer y la niña (la campaña finalizará en 2015). El anuncio se llevó a cabo en Nueva York, durante la sesión de apertura de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.
Durante los anuncios, Ban Ki-moon advirtió también que el 20 por ciento de las mujeres del mundo podrían ser violadas o sufrir un intento de violación en cualquier momento. "La violencia contra la mujer deja su abominable impronta en todos los continentes, países y culturas", indicó el secretario general de la ONU, quien subrayó que "a través de la práctica de la selección prenatal de género a muchas mujeres se les niega el derecho a existir. Ninguna mujer joven o anciana es inmune a este flagelo", enfatizó.
La violencia sexual hacia las mujeres es un tema que se asocia más con delitos de corte policial que con el resultado de una problemática social de límites internacionales. "La violación se usa desde hace tiempo como una arma de guerra. Mujeres de todas las edades, desde infantes hasta abuelas, han sido sistemáticamente sometidas a violentos abusos sexuales en manos de fuerzas rebeldes o militares", denuncia uno de los folletos de la ONU. Que también destaca que, en los conflictos armados, la violencia hacia la mujer generalmente incluye violencia sexual. En 1994, por caso, se calcula que en Ruanda fueron violadas unas 500 mil mujeres. Y entre 20 y 50 mil mujeres fueron violadas durante el conflicto armado en Bosnia.
Ban Ki-moon adelantó que se reunirá con los líderes del mundo para instarlos a tomar medidas a fin de acabar con la impunidad y aprovechar para adoptar medidas para combatir todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violación durante y después de las situaciones de conflictos.
"Por supuesto que la violencia hacia la mujer está extendida en el mundo. Pero en principio lo que está denostado es lo femenino (considerado como lo opuesto complementario de lo masculino). Tenemos cinco mil años de denostación de lo femenino, que coinciden con los orígenes del patriarcado. Actualmente los esfuerzos que están haciendo personas, organizaciones nacionales e internacionales, son importantísimos y todos son muy valiosos. Pero lo que el mundo necesita es la revalorización de la energía femenina", opinó la escritora e investigadora de género Marilen Stengel.
La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte es una realidad
El Máximo Tribunal y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmaron este miércoles un convenio de trabajo mutuo que pondrá en marcha el trabajo de la OVD desde el 15 de septiembre. “Le va ahorrar trabajo al ciudadano y los jueces tendrían menos tareas administrativas”, le dijo la vicepresidenta de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco a DiarioJudicial.com.
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Ecos de una tragedia en Jujuy - 22 DE FEBRERO 2008
Mañana se cumplirán cinco años desde que Romina Tejerina está presa por matar, en el momento del parto, a su hija producto de una violación. Su caso se convirtió, desde entonces, en emblemático al poner de manifiesto la desprotección de muchas mujeres frente a la violencia sexual y la prohibición del aborto aun en los casos que la misma Justicia considera no punibles. Aun cuando el caso de Romina todavía espera una definición última de la Corte Suprema de Justicia —a cuya sede marcharán hoy organizaciones de mujeres—, la repercusión social generó conciencia y alivió la suerte de otras mujeres que sufrieron situaciones similares.
Por Elisabet Contrera
Un eco de voces se filtra entre los muros. Romina se despierta. El sonido es difuso, monocorde. Se apoya en las paredes tratando de descifrar qué dicen. Deambula, impaciente, por el cuarto para identificar de qué dirección proviene el grito colectivo. Tal vez, se dice, nació en San Pedro, ciudad jujeña que la vio crecer, de la que fue desterrada y a la que sueña con volver. Quizá, se pregunta, venga del barrio porteño de Lugano, donde Erna, a sus 23 años, también sufrió el encierro y el maltrato de la Justicia que luego la liberó de culpa. Romina continúa escudriñando. Escucha otros nombres de mujeres desconocidas. Se cuela el nombre de Susana que no está libre todavía de jueces que la acusan de matar a su bebé como a un animal. Cree reconocer el nombre Eli. Se pregunta si será la joven, del pueblo cordobés de San Javier, acusada de matar a su hijo recién nacido y absuelta por un jurado popular. Romina está a punto de descifrar la consigna de ese movimiento compacto que avanza hacia ella. ¡Libertad para Romina Tejerina! ¡Libertad para todas las rominas! es el mensaje. Un reclamo sostenido que enlaza las voces de las mujeres de todo el país y que mañana cumple cinco años.
Las voces rodean la Unidad Penitenciaria Nº 3, en Jujuy para inundar la celda de Romina Tejerina. El grito de justicia rompe con el silencio de la cárcel cada 23 de febrero, desde hace 5 años. Para Romina, ese día, del 2003, llegaban a su fin siete meses de sufrimiento, de artimañas caseras para ocultar su panza y de noches de sueños sobresaltadas al recordar el momento en que ese bebé era concebido en contra de su voluntad. Esa mañana, en el baño de su casa, cuando vio en la cara de la recién nacida el rostro de su violador, no pensó en más consecuencias que las del instante, no supo que para ella la Justicia se diluiría en el tiempo.
Mañana se cumple un nuevo aniversario de la mañana en que fue detenida bajo el cargo de homicidio calificado por el vínculo. Está a 9 años de cumplir los 14 de pena impuestos por un Tribunal oral y a tres meses —según los pronósticos de su defensa— de que la Corte de Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre el caso.
La abogada de Romina, Mariana Vargas, presentó un recurso extraordinario solicitando al máximo tribunal la absolución de la joven por considerar que es inimputable. En este momento, el pedido está en manos del magistrado Juan Carlos Maqueda. Ya habrían dado su veredicto tres de los siete miembros de la Corte: Carmen Argibay, Enrique Petracchi y Raúl Zaffaroni. Este último recordó en varias oportunidades su rechazo a la reforma del Código Penal en 1994 a través de la cual se derogó la figura del infanticidio. Esa eliminación permitió que la pena por el delito pasara a tipificarse como homicidio calificado por el vínculo y la condena pasara de tres años de prisión a prisión perpetua. El pedido de la defensa recibió el voto en contra de la Procuración General de la Nación que, en un dictamen no vinculante, decidió desestimar el recurso por sostener que la joven comprendió la criminalidad de sus actos.
Hoy, mujeres de todo el país marcharán hacia la Corte Suprema para reclamar una vez más por la liberación de Romina. Su caso no sólo se convirtió en un icono de la saña judicial hacia la mujer, sino que representó un quiebre en la forma de mirar esas historias. “Fue un caso testigo no porque fuera el primero, o el único, sino por todo lo que puso en evidencia: la necesidad de reincorporar la figura del infanticidio al Código Penal, la impunidad de la violación, y el modo patriarcal de ejercer la justicia”, sostuvo Diana Maffía, filósofa, actualmente legisladora porteña por el ARI. También llevó a la escena pública los nombres de miles de mujeres, de otras “rominas” que viven —o vivieron— el encierro por sufrido situaciones similares. Una recorrida por los casos de infanticidio ocurridos en estos años pone en evidencia que el cambio operó con más fuerza en la sociedad y no en la Justicia, que todavía mantiene en vilo el destino de muchas mujeres. “La Justicia no cambió. En realidad, actúa distinto por temor a la reacción social. La gente ve estos casos con una mayor apertura que antes. Ahora no culpabilizan a la víctima, no la tildan de asesina, sino que piensan en el contexto, en las circunstancias que llevaron a eso”, explicó Mariana Vargas, que ya está en Buenos Aires, junto a Mirta, la hermana de Romina, para participar de la protesta que se realizará hoy. “Ahora, la gente tiene más conciencia de las inequidades sociales en las que viven las mujeres. Antes era un debate prohibido”, señaló María Elena Barbagelata, que en 2004 presentó como legisladora nacional un proyecto para reincorporar la figura del infanticidio al Código Penal, iniciativa que nunca fue aprobada.
Otro secreto sin amor
A Romina no le creyeron que había sido violada. La quemaron en la hoguera por haber pecado. A Elizabeth Díaz, el pueblo de San Javier le creyó que su patrón había abusado de ella por casi 10 años y que no fue consciente en el momento que mató a su hijo recién nacido, producto de esa violación. Esto le permitió recuperar su libertad. Su historia se conoció el 8 de febrero de 2006, en San Javier, pueblo de Traslasierra, de 1500 habitantes, ubicado a 165 kilómetros de Gran Córdoba. Tenía 19 años cuando fue encontrada tirada, en un charco de sangre, desmayada, en el baño de la casa, donde trabajaba como empleada doméstica. Ella, al igual que Romina, ocultó su embarazo y en un estado de inconciencia mató al bebé a golpes en la cabeza.
Ese mismo día, la detienen en el hospital bajo el cargo de “homicidio calificado por el vínculo” y permaneció presa en la cárcel de mujeres de máxima seguridad de Bower hasta el comienzo del juicio, en noviembre del mismo año. En medio de una gran movilización de sus vecinos, un jurado popular la absolvió. De los ocho jueces populares, seis consideraron que ella no tuvo conciencia de sus actos. En cambio, los dos jueces de cátedra sostuvieron que era culpable del asesinato. “A Eli la salvó el pueblo representado en ese jurado popular. La cuestión social se coló en la decisión final. Los jueces legos, aunque consideraron la violación como un atenuante, habían decidido sentenciar a la chica”, contó Leticia Celli, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos de Córdoba. “Este caso es muestra del cambio de mentalidad de la sociedad con respecto a situaciones como las que vivió Elizabeth y se replanteó sobre la necesidad de denunciar los abusos”, sostuvo. Tras conocerse la historia de Eli, organizaciones sociales de la provincia crearon un programa de asistencia a las víctimas, y en los colegios se realizan campañas de concientización.
La maratón judicial no está todavía cerrada. El fiscal de la causa, José Luis Cerioni, apeló la medida tomada por el jurado popular y su pedido está siendo analizado por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia. El había solicitado ocho años de prisión para la joven. La defensa de Elizabeth especula que el máximo tribunal tomará una decisión luego de que se resuelva el juicio contra el supuesto abusador, Arturo Benavídez, hombre de 60 años, casado con dos hijos, que se encuentra detenido hace un año bajo el cargo de abuso reiterado con acceso carnal. “Por eso es relevante la causa contra el violador. Tenemos que luchar para que no quede impune el abuso, como ocurre con el 95 por ciento de los casos en la Argentina”, remarcó. Ese es el caso de Romina. Su agresor fue sobreseído en la causa.
Santa maternidad
Fiscal: Cuando pasó eso, ¿vos te acordás cómo hiciste para usar la navaja?
Susana: Sí.
Fiscal: ¿Dónde lo heriste?
Susana: En el cuello.
Fiscal: ¿Por qué elegiste el cuello?
Susana: ¿Por qué me pregunta eso?
Fiscal: Porque en el cuello lo hacen cuando quieren matar animales. ¿Quisiste imitar eso?
Susana: Sí, se me ocurrió.
Quien responde es Susana Colimán, quien pregunta es el fiscal Héctor Troba. El interrogatorio ocurrió el 2 de noviembre de 2005 en Zapala, en la provincia de Neuquén, en el marco del juicio contra esta joven mapuche acusada de matar a su bebé recién nacido. Después de preguntarle si se le había ocurrido dar en adopción a su hijo, si el padre era fruto de una relación estable u ocasional y si era soltero, el fiscal sentenció: “Solicito cadena perpetua, más en este caso en el que se trasgrede la santidad de la maternidad, porque hasta en el reino animal se defienden a la cría”.
En ese momento, la Cámara de Multifueros no le dio la razón y la condenó a ocho años y seis meses de prisión, tomando como atenuante la historia de Susana marcada por el abandono extremo, el maltrato familiar, la falta de acceso al conocimiento para pactar una relación sexual, ni acceso a los anticonceptivos ni al hospital. Esta situación desembocó en los hechos ocurridos el 16 de septiembre de 2004. A los 26 años, tuvo un bebé en la casa en la que vivía transitoriamente, en el barrio Lanín, de Junín de los Andes. Nunca se supo quién era el padre y tampoco si fue fruto de una relación consentida o de una violación. Apenas nacido el bebé le efectuó un corte en el cuello causándole la muerte y arrojó el cuerpo en una letrina ubicada fuera de la vivienda.
De todas formas, dejó en claro el accionar discriminatorio de la Justicia blanca hacia una mujer mapuche. “Se trató de un mensaje de condena social, con un significado claro: con la santidad de la maternidad no se juega, con la cultura judeo-cristiana y sus valores no se juega, con el patriarcado no se juega. Todo lo demás, no cuenta”, sostuvo Ruth Zurbriggen, del Colectivo Femenista La Revuelta que acompaña a Susana y que cedió este fragmento de declaración del juicio. Meses después, el Tribunal Superior de Justicia resolvió el 2 de junio de 2006 anular lo actuado y ordenó un nuevo proceso invocando la falta de fundamentación de la sentencia. “Tanto el accionar del fiscal como de los jueces estuvo viciado de construcciones patriarcales”, denunciaron desde la organización de mujeres.
A diferencia de Romina, que vivió más de una vez las esperanzas de salir de la cárcel que nunca consiguió, Susana no recuperó su libertad pero puede esperar el inicio del nuevo proceso fuera de la Unidad Penintenciaria Nº 16, de Neuquén, junto a los miembros de su comunidad. En octubre del año pasado, la Justicia provincial aceptó la solicitud presentada por la Confederación de Organizaciones Mapuches para que Susana viva bajo el resguardo de la comunidad mapuche de Aucupán.
El estigma de ser inmigrante y pobre
El 16 de octubre de 2004, Erna Ibáñez, de 23 años, parió en la casa que compartía junto a sus hermanos y sobrinos, en Villa 20 de Lugano. Ella había llegado a Buenos Aires 20 días antes del parto escapando de los maltratos de su madre que la había separado de Fulgencio Benítez, quien había abandonado la carrera religiosa para formar una pareja con ella. “Su madre le dijo que si volvía con él, no iba a ver nunca más a su hija —en ese momento tenía 5 años—, que era un hijo del diablo”, contó Noemí Oliveto, ex diputada porteña que luchó por la liberación de Erna.
Esa noche, ella tuvo a su hija sola. Fulgencio, el padre de la criatura, no sabía del paradero de la joven. “El bebé no lloraba, estaba muerto”, le dijo Erna a su hermana que la encontró desmayada en el piso de la cocina. Según los médicos, ella tuvo un parto como por “avalancha”, imprevisto, que provocó un golpe en la cabeza del recién nacido causándole la muerte. El parto pudo haber sido facilitado por los golpes en el vientre que le había dado su madre antes de la huida de su casa.
Ella terminó en la cárcel por la denuncia realizada por la misma doctora del Centro de Salud de Lugano que la había examinado dos días antes del nacimiento del bebé. En vez de asistirla por dolores en su vientre —tenía una infección como consecuencia del parto casero— llamó a la policía. La joven permaneció durante un año y medio en prisión bajo el cargo de homicidio intencional agravado por el vínculo. Recuperó su libertad en abril de 2006 cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 la condenó por homicidio culposo, delito que contempla una pena de tres años, la misma pena excarcelable que correspondía a la figura de infanticidio. La fiscal del caso había pedido reclusión perpetua, pero la Justicia le creyó a su defensa que había sostenido que el bebé murió como consecuencia del maltrato de la madre a Erna. “Este caso fue tan escandaloso como el de Romina, ella no sabía hablar castellano, pero la policía presentó tres hojas de declaración. Estuvo más de un año presa y acusada de asesina por los jueces por ser paraguaya”, sostuvo Noemí Oliveto, referente del Movimiento Solidario por los Derechos de las Mujeres Marie Langer. “La resolución de estos casos —analizó Maffía— demuestra que la sociedad moderó su opinión sobre ellos. No los ven como casos criminales, sino que analizan todos los aspectos del fenómeno, entienden la situación límite de sobrevivir o matar. La sociedad comprendió. La que sigue sin comprender es la Justicia, que se mueve como una elite.” Hoy, Erna es feliz. Vive con su hija Sebastiana, de 8 años, con su compañero, y su hijo de un año y medio. Se llama Fernando.
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Una de cada tres víctimas de violencia doméstica recibe su primera paliza cuando está embarazada
El Ministerio de Sanidad dice que el embarazo es el primer factor de riesgo para sufrir violencia de género | Organizaciones de mujeres aseguran que un tercio de las mujeres que abortan carecen de apoyo económico
EFE Madrid | 08/03/2008 | 0 comentarios | + 1 - 0 (1 votos)
El Ministerio de Sanidad sitúa el embarazo como primer factor de riesgo de violencia de género, según los datos de la asociación Línea de Atención a la Mujer (LAM). Según las mismas fuentes, un 35% de las víctimas de violencia de género reciben su primera paliza cuando están embarazadas.
El Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género de 2007 (aquí, en *pdf) sitúa el embarazo como primer factor de riesgo de sufrir violencia de género.
"He sido testigo de que dos de cada tres mujeres apoyadas y asesoradas por profesionales consiguen llevar a término su embarazo y superar la situación de violencia y abandono a la que están sometidas por su gestación", señaló la trabajadora social y miembro de LAM-Mujer, Rafaela Alonso.
Aborto y posibilidades económicas
Sobre el aborto, estas orgazaciones señalan que una de cada tres mujeres que abortan carece totalmente del apoyo económico del padre.
En el último informe estadístico sobre interrupción voluntaria del embarazo, publicado por Sanidad, un 30% de las mujeres que abortan son casadas y un 70% solteras.
En 50.402 casos (el 50%) las embarazadas no convivían en pareja aunque "lo más grave", para la organización, es que en 12.890 casos "no existe" pareja que colabore con el sustento del hijo y en 14.434 no consta la situación laboral del padre.
policiales | Día de la Mujer
En 2008 ya se radicaron 13.623 denuncias por violencia doméstica en la Provincia
El 75% de las víctimas es mujer. El dato fue suministrado por la dirección de Políticas de Género del ministerio de Seguridad, en base a las estadísticas de las 24 comisarías de la Mujer. Entrevistamos a los profesionales que en esas dependencias contienen y orientan a las damnificadas
¿Sucederá, alguna vez, que se conmemore un Día de la Mujer sin tener que hacer referencia a los infiernos cotidianos?, ¿a los femicidios (tantos impunes)?, ¿a las cifras que estremecen aunque no sorprendan? Ojalá, aunque eso parece lejano, teniendo en cuenta que las denuncias por violencia familiar aumentan cada año y el 75% de las víctimas es mujer. De acuerdo a las cifras suministradas a Hoy por la dirección General de Coordinación de Políticas de Género, desde el 1º de diciembre de 2007 y hasta el último día de febrero de 2008 se recepcionaron 19.055 denuncias por violencia doméstica en todo el territorio bonaerense, y de ese total, 7.120 pertenecen al mes pasado (3.550 en la 1º quincena y 3.570 en los 14 días restantes).
Como esta tendencia no es nueva, en los últimos años ha aumentado también la cantidad de comisarías de la mujer en la Provincia: suman ya 24 y en todas existe un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos, trabajadores sociales y abogados dedicados a asesorar a las víctimas.
Trama Urbana estuvo ayer en la comisaría de la Mujer de La Plata, en 1 entre 42 y 43, para conocer a algunos de los profesionales que se codean a diario con esos dramas: la capitán Dalila Zonta es la coordinadora de éste y otros tres gabinetes (Berazategui, Quilmes y Florencio Varela); los psicólogos Vanesa De Rose y Gabriel Belintende; la trabajadora social Sandra Junco; y la abogada Marianela Fernández.
“Lo que hace el gabinete- empieza Zonta- es contener y apoyar a la persona que viene a radicar una denuncia, porque en muchísimos casos llegan bajo una situación de estrés muy importante”.
La comisaría en cuestión no se parece demasiado a las seccionales “comunes”, como tampoco a los despachos de esas dependencias el cuarto donde el equipo entrevista a las víctimas. Entre esas paredes claras los profesionales se encargan de desmentir aquel prejuicio que ubica a la violencia doméstica (o de género) sólo en escenarios de pobreza y marginación.
Juncos destaca que esta problemática no discrimina por “raza, nivel adquisitivo, edad, ni condición social, ya que atraviesa a todas las clases”, aunque Fernández aclara que los condicionamientos varían. “Muchas mujeres de clase alta quizás no toleran más los golpes, pero temen perder económicamente, u ocultan el problema por otros factores”. “Sí”, agrega la trabajadora social, “es probable que en otros ámbitos la violencia se naturalice porque crecieron con ella o las víctimas no conozcan sus derechos”.
“Nosotros contenemos, asistimos y derivamos, atendiendo siempre a la demanda, que es absolutamente individual”, remarca Belintende. El objetivo, en definitiva, es suministrarle a la víctima las primeras herramientas “para que pueda salir de esa situación”, “fortalecer su autonomía” (Juncos) y “modificar su conducta”.
Es que la violencia (no sólo la de los golpes, sino la verbal, la moral, la económica y la sexual, claro) es un círculo vicioso del que resulta muy difícil zafar y requiere de al menos dos sujetos para alimentarse y subsistir. Muchas mujeres “compran” el discurso del agresor y terminan creyendo “que merecen la violencia porque hicieron algo mal, porque es su culpa”, asegura De Rose. Asumir que el problema existe y que su resolución depende de un cambio de postura de la víctima es apenas un primer paso, enorme, pero muchas veces insuficiente. ¿Qué pasa con las mujeres que ya no quieren tolerar los golpes, pero dependen de ese hombre o ese hombre no se va?
“El victimario tiene un límite legal y la ley provincial 12.569 otorga algunas herramientas”, aclara Fernández, como la entrega de alimentos provisorios o la exclusión del hogar para el agresor.
Solicitan medidas concretas por violación de derechos de mujeres en Chiapas
Nacional - Miércoles 12 de marzo 2008
En Washington, el COFEMO denuncia la violencia y falta de acceso a la justicia en ese estado
Explican las explotaciones a las que son sometidas por parte de miembros de la delincuencia organizada
El Financiero en línea
Washington, 12 de marzo.- Un colectivo feminista mexicano solicitó hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la implementación de medidas específicas para tratar la situación de las mujeres del estado mexicano de Chiapas.
En la última jornada de las audiencias que celebra este organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, el Colectivo Feminista Mercedes Olivera Bustamante (COFEMO) denunció la violencia y la falta de acceso a la justicia de la mujer en este estado del suroeste de México.
Marta Figueroa, abogada de esta organización, explicó las constantes explotaciones y el trafico de personas a las que son sometidas los mujeres de este territorio por parte de miembros de la delincuencia organizada, en su mayoría.
"Los últimos estudios muestran que el número de mujeres asesinadas oscila entre 600 y 1400", anotó Figueroa.
"No creo -agregó- que estas cifras reflejen todas las muertes reales que se dan por atropellos o fallecimientos en las instalaciones férreas".
La letrada manifestó su indignación al remarcar que cada día "se mata una mujer en Chiapas y en la mayoría de los casos quedan impunes y sin investigación".
Asimismo, Figueroa apuntó a que las fuerzas políticas regionales y estatales "simulan un interés" hacia esta problemática, pero "al mismo tiempo el presupuesto no habla de este interés mostrado".
Según la organización feminista, gran parte de esta situación viene dada por "marcos jurídicos y políticas públicas contradictorias", que destinan a las mujeres un "presupuesto insultante" respecto a otras partidas.
En este sentido, Figueroa anotó que "el gasto militar no ayuda sino agrava la situación de violación de los derechos humanos de las mujeres".
Por otro lado, la parte peticionaria también reflejó las dificultades de las campesinas indígenas al acceso a la propiedad de las tierras y las constantes discriminaciones sexistas que sufren.
La COFEM también mostró su rechazo a la represión de mujeres y asociaciones que denuncian esta prácticas, a menudo procesadas bajo acusaciones de calumnia.
"En muchas ocasiones nuestra actividad no se ve como un derecho de defensa sino como una amenaza al estado", concluyó Figueroa. (Con información de EFE/AYV)
marzo 2008 Violencia Familiar
La violencia familiar: primera causa de muerte y minusvalía de mujeres en el mundo
El dato fue proporcionado por Amnistía Internacional, un movimiento global integrado por personas, en su mayoría voluntarias, que trabajan por los derechos humanos.
La violencia en el círculo familiar es la primera causa de muerte y minusvalía para las mujeres de entre 16 y 44 años de edad en todo el mundo, por encima de enfermedades como el cáncer o accidentes. Así lo demuestran datos proporcionados por Amnistía Internacional .
Según la institución, al contrario de lo que ocurre con los hombres, las mujeres tienen más probabilidades de ser atacadas por sus parejas, o por alguien de su círculo más próximo, que por extraños. Se calcula que el 70 por ciento de las mujeres asesinadas en el mundo, lo son a manos de sus parejas o ex parejas.
"Estas cifras son sólo la punta del iceberg. La violencia contra las mujeres está poco documentada porque muchas mujeres tienen miedo a denunciar y desconfían de la protección que las autoridades puedan ofrecerles", afirman.
Entre otras preocupantes cifras que maneja la institución, se encuentra que una de cada tres mujeres en el planeta ha sufrido abusos en algún momento de su vida a manos de agentes del Estado, miembros de su familia o conocidos.
Las mujeres son víctimas de este delito en todos los países, independientemente del grupo étnico, social, económico, religioso o cultural al que pertenezcan. La campaña de Amnistía Internacional contra la violencia hacia las mujeres, comenzó en marzo de 2004, como una contribución a los esfuerzos de los movimientos de mujeres en todo el mundo y el objetivo de "poner de relieve la gravedad y dimensión universal del problema".
La institución lucha por que los Estados de todo el mundo deroguen leyes concretas que consideren la violencia y los abusos hacia las mujeres como verdaderos delitos, y así acabar con la impunidad de los autores y reparar los daños a las víctimas.
En un documento dirigido al Estado argentino a principios de este año, la entidad internacional reclamó por políticas de estado concretas para combatir la violencia de género. "Amnistía Internacional insta al Estado argentino y a las autoridades competentes a abordar esta violación recurrente de los derechos humanos de una manera urgente y a dar muestras claras de su compromiso en el combate de la violencia contra las mujeres", citaba el documento.
VIOLENCIA. Una de cada tres mujeres en el planeta ha sufrido abusos a manos de agentes del Estado, miembros de su familia o conocidos
Jueves 20 de Marzo de 2008
Una Delegación representó a la Provincia el lunes en el parlamento de la mujer en Buenos Aires
Misioneras denuncian como flagelos el abuso sexual y la violencia doméstica
Luego de un diagnóstico, expusieron la situación provincial en comisiones de trabajo. Como solución plantearon la capacitación a la policía, la creación de juzgados y creación de albergues para golpeadas
BUENOS AIRES. "La mayoría de las mujeres que viven en Misiones son víctimas de algún tipo de violencia dentro y fuera de su hogar, y esto solamente se podrá corregir si la sociedad se compromete y si las instituciones del Estado provincial cumplen con las leyes en vigencia y ejecutan las políticas necesarias". Así se describió la realidad femenina de la tierra colorada en el Primer Parlamento de Mujeres que se realizó anteayer en el Congreso de la Nación.
El evento fue organizado por el Programa de Fortalecimiento de Derechos y Participación de las Mujeres “Juana Azurduy” que depende de la Presidencia de la Nación y contó con la participación de representantes femeninas de todas las provincias argentinas que expresaron preocupación ante la creciente violencia que padece actualmente el género.
Según explicaron desde el Parlamento de Mujeres "la violencia puede ser psicológica o física y se da en todas las clases sociales, en distintos ámbitos, como por ejemplo dentro de los hogares donde hay hombres golpeadores, en la calle cuando se insulta a una mujer que conduce, en el hospital que no posibilita un parto respetado o en la comisaría que no toma la denuncia de una mujer abusada.
“Muchas veces esa violenta forma de tratar a una mujer es aceptada como normal por la sociedad y más en nuestra comunidad misionera donde hay mucha influencia cultural machista del Paraguay” consideró la representante misionera Bety Sánchez, del Movimiento Libres del Sur.
Según relató la representante misionera, es notable cómo en la mayoría de los barrios carenciados de Jardín América, Oberá y San Vicente ya no hay chicas adolescentes, porque dejan la niñez a los diez u once años para ser madres a los doce años y sin dudas esta es una forma de violencia, pues se trata de jovencitas que no recibieron ningún tipo de educación sexual y que en muchos casos fueron abusadas por familiares o padrastros.
Según explicó Sánchez, que trabaja en el barrio Capilla II de Jardín América, los casos de mujeres golpeadas o violadas son moneda corriente en nuestra zona y la víctima generalmente no sabe que tiene derecho a una vida digna sin esos abusos. Entonces vive ese dolor en soledad sin la ayuda de instituciones o personas que la contengan o la orienten.
Además Sánchez dijo que muchas veces la mujer maltratada en su hogar no denuncia a su marido por miedo. Y otras veces, cuando se anima a hacerlo, en la comisaría no le toman la denuncia o si el caso llega a un juzgado tampoco lo tratan con la seriedad que merece esta cuestión. Entonces esa mujer no sólo es violada o golpeada en su casa sino que además las instituciones que deberían cuidarla la siguen ultrajando.
Las otras tres representantes misioneras en el Parlamento de la Mujer, las posadeñas Valeria González, Gabriela Ayala y Elizabeth Rojas coincidieron en destacar que sin dudas el maltrato doméstico hacia la mujer es muy común en Misiones. En el noviazgo comienza la violencia que luego se acentúa con la convivencia y que también afecta a los hijos, porque cuando hay un hombre golpeador, todo el grupo familiar esta en riesgo.
Según explicaron las mujeres misioneras, la violencia domestica es una violación grave a los Derechos Humanos. Es un problema social y de salud para las mujeres porque atenta contra su integridad y desarrollo.
Los pedidos de las misioneras
El Parlamento de las Mujeres comenzó a sesionar por la mañana cuando las representantes de las provincias se agruparon en comisiones para tratar las distintas problemáticas de género.
Se trabajó en seis comisiones: Salud, Educación, Recursos Naturales, Participación Política, Comunidad y Cultura y Legislación sobre Violencia. Cada una de ellas elaboró un documento con los reclamos específicos del área que fueron tomadas por la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner que participó de la clausura del evento.
Los pedidos de las misioneras
En el caso de la comitiva de parlamentarias misioneras los pedidos pasaron por:
Creación de hogares de refugio en todos los municipios misioneros donde puedan asistir las mujeres golpeadas por sus maridos para evitar seguir siendo lastimadas.
Capacitación de la policía de la provincia de Misiones para atender en los casos de violencia familiar. "Queremos que no se burlen de nosotras cuando hacemos una denuncia sobre maltrato familiar y que sepan que es su obligación tomar esa denuncia" dijeron las representantes misioneras.
Creación de juzgados de familia a lo largo de toda la provincia, para que jueces idóneos puedan hacer cumplir las leyes en vigencia.
Mejorar el servicio de la línea 102 o crear un sistema de rápido auxilio para la mujer golpeada. "Sabemos que el 102 no da abasto con la cantidad de llamadas que recibe y últimamente ya ni siquiera atienden las llamadas" explicó Elizabeth Rojas.
Implementar un programa de educación sexual para los barrios periféricos donde cada vez hay más niñas madres. Gabriela Ayala comentó que los talleres “Juana Azurduy” trabajan desde hace un año en los barrios posadeños A-3-2, Aeroclub, Yohasá, Las Rosas y Santa Rita donde los embarazos tempranos son una constante.
Realización de campañas de difusión sobre el delito de Trata de Personas, para que las potenciales víctimas sepan cómo cuidarse de este peligro y no caigan en la trampa.
Capacitación del personal médico y de enfermería de los hospitales y centros de salud sobre la Ley de Parto Humanizado número 25.929 para que se respete el derecho a un embarazo, parto y nacimiento respetados y seguros.
"No queremos que los políticos vengan a buscarnos sólo cuando necesitan votos y después nunca nos atiendan cuando llegan a sus puestos. Necesitamos que los representantes de los tres poderes provinciales trabajen para evitar cualquier tipo de discriminación contra la mujer" dijeron finalmente las misioneras.
Los Angeles - online - 5 de abril 2008
Campesinas dicen basta a los abusos
Inician movilización en el país para explicar su problemática
Las mujeres constituyen uno de los grupos más vulnerables en los campos de EU.[Foto: Aurelia Ventura/La Opinión
Allá, dice Sara —señalando un lecho de arbustos pequeños y hojas secas junto a un canal de riego que atraviesa los sembradíos de una región de Salton Sea— es donde al patrón le gustaba agarrarnos. Mientras señala el lugar, da la impresión de que sus piernas ya no la obedecen, a menos de 100 pies de distancia se queda paralizada, tiesa. "Ay, disculpe, pero yo no voy para allá", comenta con humildad.
Su mano aún conserva la cicatriz que se hizo con las tijeras cuando, mientras cortaba la fruta, sintió por primera vez las manos de su agresor que la tomaba por la cintura, le tapaba la boca y la arrastraba hacia el lecho de arbustos. Una escena que se repitió constantemente durante casi un año hasta que su agresor, el jefe de la cuadrilla de campesinos en la que Sara trabajaba, se marchó a otro estado.
"El pinche viejo nos la hizo a varias. Nomás le gustaba manosearnos y decirnos ‘peladeses’, mientras se agarraba su parte... Viejo cochino, todavía me acuerdo y me agarra el asco, siento como si lo estuviera oliendo, apestaba el cabrón. Ojalá se esté pudriendo en el infierno", expresa, y con la rabia las venas de su frente se ensanchan, como un caminito de furia que corre por su rostro.
A lo lejos el campo refleja sólo tranquilidad, una paz que desafortunadamente no comparten las más de 291,000 trabajadoras del campo que radican en California y quienes han bautizado las regiones agrícolas de este estado como "Los campos de los calzones", por los constantes casos de abuso y asalto sexual que suceden entre los apacibles parajes de la cosecha.
"La situación es una epidemia. En Florida, las mujeres le llaman el ‘Hotel Verde’ y en California las cosas son aún mas graves... Estoy segura de que si otras personas supieran qué tan grande es la dimensión del problema, tal vez ni lo creerían", apuntó Mónica Ramírez, directora del Proyecto Esperanza, la iniciativa legal para mujeres inmigrantes de la Southern Poverty Law Center (SPLC)
Aunque no existen cifras oficiales que demuestren la incidencia de la situación, se calcula que el 90% de las campesinas han sido objeto de acoso o abuso sexual al menos una vez en sus años en el campo, según un estudio realizado por María Ontiveros, profesora de la Universidad de San Francisco, en colaboración con la Comisión para la Igualdad de Oportunidades Laborales y la SPLC.
"La mayoría de los casos se queda en el anonimato. Las mujeres temen perder sus trabajos, otras tienen miedo al estigma de ser señaladas y muchas viven amenazadas por sus agresores que se aprovechan de que sus victimas son, casi siempre, inmigrantes indocumentadas o madres solteras que no cuentan con otro apoyo que su trabajo", explicó Milly Treviño, presidenta de la Organización en California de Líderes Campesinas (OCLC).
Treviño entiende la mirada de impotencia y resentimiento de las víctimas que llegan a ella, pues durante años vivió en carne propia esa pesadilla.
"Sus ojos lo dicen todo. Yo lo viví. Desde los ocho años trabaje en el campo, y ya siendo un adolescente el capataz me acosaba. Recuerdo que con sólo oír el motor de su tractor yo ya me ponía toda tensa. A veces me quedaba por horas encaramada en la escalera o en la copa del árbol donde cortábamos los limones porque sabía que el hombre me estaba esperando abajo para tocarme. ¡Es horrible! Algo que nadie debe vivir", recuerda.
Para Milly, el abuso de mujeres campesinas es un tema del que pocas veces se habla; sin embargo, pese a los esfuerzos esta tendencia va en aumento y las denuncias pocas veces surgen.
Hasta 1997 el número de quejas de acoso sexual en el país era en promedio de 16,000 casos al año, para 2007, el número no llega ni a las 13,000 denuncias y un mínimo por ciento están relacionadas con el campo, según estadísticas de EEOC.
"El acoso del campo es un hecho oculto, nadie habla de eso aunque es tan frecuente y no es exclusivo de las mujeres, también tenemos casos donde los hombres son acosados. En ambos casos es muy difícil lograr que las víctimas presenten una denuncia; un punto en nuestra contra es que las víctimas sólo tienen hasta 300 días después de haber sucedido el incidente para presentar su denuncia. Luego de ese tiempo ya nada se puede hacer", explicó Santos Albarrán, director de programas de EEOC, dependencia federal encargada de investigar y demandar a empresas que cometen prácticas de discriminación, acoso sexual o amenazas contra sus empleados.
En California, hasta 1998 la EEOC no tenía ninguna demanda por acoso sexual en la industria de la agricultura, a pesar de que este mercado es el más grande de todo el país. El primer caso se presentó en 1999 cuando la compañía de lechugas Tanimura & Antle aceptó pagar 1.9 millones de dólares a campesinas que fueron acosadas sexualmente en California y Arizona.
Hastiadas de esta situación de impunidad, este mes, a lo largo de todo el país, cientos de mujeres han comenzado a movilizarse con el fin de concienciar a la sociedad sobre la problemática.
En su camioneta color verde, Romano Félix recorre las rutas polvorientas de Coachella, una de las zonas agrícolas más grandes de California, para repartir pañoletas que las campesinas bordarán y exhibirán frente la alcaldía en señal de protesta.
Por actos como éstos, Ramona ha recibido amenazas e intimidaciones, pero afirma que el miedo es la principal barrera a vencer; eso incluye su propio miedo.
"Algunos hombres me han mando mensajes de que ‘a esa vieja nos la vamos a fregar’, pero no me intimidan. Estas mujeres necesitan ayuda, muchas no saben ni escribir", platica.
En Salinas, al norte del estado, Silvia Berrones organiza a su vez comités educativos sobre acoso sexual en casa de campesinas, quienes a escondidas de esposos y capataces buscan acabar con la represión de la que son víctimas.
"Las mujeres están hambrientas de ayuda y consuelo. No podemos darles la espalda", dice.
Silvia y un grupo de mujeres campesinas serán parte del Proyecto Bandanas, que tendrá como escenario más de 50 ciudades de todo el país en donde se montarán exhibiciones públicas para alertar a la comunidad sobre este tema y promover la denuncia entre las personas afectadas.
El proyecto ha adoptado la bandana o pañoleta como un símbolo de solidaridad, ya que muchas de las mujeres que trabajan en el campo las usan para cubrir sus rostros y cuerpos en un intento de evitar una referencia sexual no deseada que a menudo conduce a una violación.
"En este mes [abril] se celebra el Mes de la Concientización sobre el Abuso Sexual y para nosotras el tema de este año será el abuso sexual en el campo. A través de este proyecto, tratamos de llevar un sentimiento de esperanza y determinación para ser valientes. Deseamos que estas mujeres vean nuestra motivación como una señal de que ya no tienen que sufrir más en silencio", dijo Mónica, cuyo mensaje de esperanza espera que llegue a víctimas como Sara, quien aun hoy vive callada la agonía de un abuso.
LISTA DE EVENTOS
Salinas, California,
4 de abril, de 6:00 a 9:00 p.m.
Centro Comunitario 522 calle Roosevelt.
Exhibición local de pañuelos con historias de abuso y acoso sexual a mujeres del campo.
Oxnard, California,
12 y 13 de abril, todo el día.
761 sur calle C.
Exhibición de pañuelos y entrenamiento sobre acoso/asalto sexual en el trabajo a las mujeres del campo.
Santa Paula, California,
16 de abril,
de 6:30 a 8:00 p.m.
Reunión educativa con mujeres campesinas y testimonios de abuso.
Coachella, California,
28 de abril,
de 6:30 a 8:00 p.m.
Tendedero de pañuelos afuera del City Hall de Coachella
Madera, California,
7 y 17 de abril,
de 6:00 a 7:30 p.m.
Mujeres campesinas ilustrarán sus casos de acoso y abuso sobre pañoletas que mostrarán durante sus faenas de trabajo.
Habrá actos también en Mexicali, Hurón, Baja California.
¡ DENUNCIE!
Si usted es víctima de prácticas de discriminación, acoso sexual o amenazas por parte de sus empleadores, puede plantear su queja a la EEOC.
Teléfono:
1 800 669 4000
Página de internet:
www.eeoc.gov
O la Organización en California de Líderes Campesinas
Teléfono:
(909) 865-7776
Claudia Núñez
claudia.nunez@laopinion.com
TRABAJADORES DE SALUD RECIBIRAN CAPACITACION SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR
PARANÁ, Entre Rios 04 ABR 2008(APF.Digital)
La instrucción comienza este mes y se dictará en cuatro encuentros • Se enmarca en el Programa Provincial de Prevención, Promoción y Abordaje de la Violencia Social • Está destinado a profesionales y no profesionales de la salud.
En la mañana de hoy, se firmó un convenio entre la sub secretaría de Salud de la Municipalidad de Paraná, a cargo del Dr. Sergio Izza y el área de Prevención y Promoción de la Dirección de Salud Mental, dependiente de la secretaría de Salud de la Provincia, a cargo de la psicopedagoga Claudia Izza. El mismo tiene por objetivo capacitar, en el marco del programa provincial de Prevención, Promoción y Abordaje de la Violencia Familiar, a los trabajadores de los centros de salud municipal: Toma Nueva, San Martín, Kentenich, del Hospital Illia y del Centro de Integración Comunitaria (CIC). En la Provincia se trabaja desde hace cuatro años en la problemática.
La jefa del área, psicopedagoga Claudia Izza, comentó que son numerosos los casos de violencia social relacionados con la familia, lo laboral o lo institucional. De todos modos especificó que la mayoría de las consultas tiene que ver con la violencia conyugal. “Cuando me refiero a ese punto en particular hablo de violencia emocional, maltrato físico, abuso financiero, abuso sexual y más que nada maltrato infantil, son los puntos sobre los que mas trabajamos desde el programa”. En ese sentido, detalló que de julio a diciembre de 2007 atendieron 438 casos de violencia en Paraná y algunas localidades de Paraná campaña. Y que en su mayoría se trata de problemas conyugales que tienen como protagonista, a jóvenes parejas. “Hay pocos casos que sobrepasan los 50 años”, puntualizó.
Respecto de las causas de las agresiones, la profesional, indicó que detrás de toda persona violenta existe una historia de algún familiar con iguales características. “Por lo general de padres golpeadores salen hijos golpeadores” comentó.
• Capacitación
Con relación a la capacitación, Izza, se mostró preocupada por la situación de los empleados que a diario tienen que trabajar con el tema de la violencia y en más de una ocasión –según la profesional – no saben como actuar por desconocimiento de la legislación vigente. “Abordaremos temas terapéuticos, aquellos aspectos que tienen que ver con lo legal, con lo psicológico. Este será un primer paso para avanzar en la problemática. Luego, tenemos planificados dictar talleres en los Centros de Salud para los vecinos”.
Uno de los caminos para solucionar el problema de fondo, apuntó Izza, pasa por desnaturalizar la conducta violenta, por sobre todas las cosas. “Si bien es una conducta aprendida, se trabaja fundamentalmente en el enfoque psicológico”, y agregó que en el programa también se trabaja con el victimario a través de programa de rehabilitación para mejorar su calidad de vida. “No nos olvidemos que el hombre es un ser social que traslada la violencia, muchas veces, al entorno familiar. También tenemos que hablar de factores de riesgos que tienen que ver con el alcoholismo, la drogadicción y la pobreza. Por eso la idea es trabajar también con la familia, es fundamental su apoyo para llegar a un buen fin”. (APF.Digital)
8 abril 2008
Corte Suprema confirmó la sentencia de 14 años a la joven Romina Tejerina.
La Corte Suprema de Justicia confirmó que la joven Romina Tejerina, condenada a 14 años de prisión por matar a su hijo recién nacido, deberá seguir detenida. Así lo resolvió el máximo tribunal al rechazar un recurso presentado por los abogados de Tejerina, Mariana Vargas y Fernando Molinas, y confirmar el fallo de la Justicia jujeña que condenó a la joven.
Según fuentes judiciales, mientras algunos miembros de la Corte se inclinaban por disminuir la pena a 8 años de prisión, otros analizaron la posibilidad de declararla inimputable, aunque finalmente se acordó confirmar la sentencia de 14 años de prisión.
Romina Tejerina había dado a luz a su hija el 23 de febrero de 2003, producto de una violación. Tras el parto, la mujer puso a su bebé en una caja y la acuchilló, hecho por el que podría haber recibido hasta 25 años de prisión, la Justicia encontró atenuantes y la sentenció a 14 años de cárcel.
La sentencia fue apelada, y, frente a las críticas de los organismos de derechos humanos, la condena fue ratificada en 2007.
Se especulaba con que la Corte Suprema de Justicia podría reducir a 8 los años de cárcel. La iniciativa había sido propuesta por el ministro Raúl Zaffaroni, y era apoyado por Juan Carlos Maqueda, el presidente del tribunal Ricardo Lorenzetti, , y posiblemente por el ministro Carlos Fayt. Al hecho se oponían la vicepresidenta del cuerpo, Elena Highton, y Enrique Petracchi.
17 de abril 2008
Una joven se lanza desde un tercer piso para escapar de los golpes de su marido
El Poder Judicial investigará la actuación de los magistrados en el caso del militar que mató a su ex mujer y a su novio
Una joven de nacionalidad rumana salvó milagrosamente la vida ayer tras lanzarse al vacío desde un tercer piso en Guadalajara para escapar de los puñetazos y patadas que le propinaba su marido, también rumano. La víctima, de 27 años, impactó contra el capó de un vehículo y no directamente contra la calzada, circunstancia que amortiguó el golpe y por la que sufrió la luxación de un hombro y politraumatismos, aunque los médicos no temen por su vida.
Vecinos de la pareja declararon no haber visto nada extraño en su comportamiento en las últimas fechas, ni escuchado ruido alguno, a pesar de la violenta discusión que había protagonizado el matrimonio. Según pudo explicar la propia víctima a los agentes en el hospital, su marido, de 49 años, la pegó en repetidas ocasiones y al sentirse acorralada, optó por lanzarse al vacío. El hombre fue de inmediato detenido y puesto a disposición judicial.
Este episodio de violencia doméstica se produjo apenas 24 horas después de que un sargento matara a su ex mujer y al novio de ésta, un teniente, antes de suicidarse en presencia de su hijo de cuatro años en otra localidad de Guadalajara: Alovera. El Consejo General del Poder Judicial ha solicitado al servicio de inspección un informe sobre la actuación de los magistrados que intervinieron en el caso. Si bien no se presupone ningún error en la actuación judicial, la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica aseguró que actuará en caso de que se detecte alguna irregularidad.
Sylvina Bassari, una bióloga de 33 años y origen argentino, intentaba rehacer su vida con otro militar, el teniente Andrés Marzal, de 38 años tras separarse de su esposo. Los abogados de la mujer en el doble proceso legal que seguía contra su ex marido, el de divorcio y el penal por malos tratos, denunciaron ayer desatención judicial, «falta de seguimiento y una incorrecta valoración del riesgo» que corría la joven y que representaba su antigua pareja.
Nada la protegió
Sylvina había activado todos los resortes jurídicos y sociales a su alcance. Se mudó de Ajalvir (Madrid) a Alovera, a unos 40 kilómetros, interpuso la primera denuncia por maltrato continuado a ella y al niño en septiembre de 2006 y disponía de una telealarma para víctimas de violencia de género. Nada la protegió. Ni la orden de alejamiento de 500 metros que pesaba sobre su verdugo, ni las reiteradas denuncias por el quebrantamiento de la misma, en cinco o seis ocasiones, ante el juzgado número 5 de Torrejón de Ardoz, encargado del caso. Había recurrido el régimen de visitas al niño que la sentencia de divorcio le permitía al padre, a través de un Punto de Encuentro Familiar, a pesar de que la orden de alejamiento también prohibía el contacto con el pequeño. Había solicitado un examen psiquiátrico de su agresor, denegado, lo mismo que la petición de su ingreso en prisión preventiva tras el recrudecimiento del acoso, con llamadas, mensajes de móvil y ruedas del coche pinchadas.
En los próximos días podría aclararse el incierto futuro de Gonzalo, el niño de cuatro años que presenció el doble crimen y el suicidio de su padre. Un tío materno, residente en Italia, se ha mostrado dispuesto a asumir su custodia al conocer lo ocurrido y después de que la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha y la Fiscalía de Menores de Guadalajara lograra localizarlo. De momento el pequeño permanece acogido de forma temporal por una familia de Guadalajara. El huérfano recibe asistencia de psicólogos, que intentan aliviar el trauma sufrido.
América Latina
Violencia doméstica es prioridad para organismos gubernamentales
En los países en vías de desarrollo, América Latina incluida, entre el 4 y el 29 % de las embarazadas sufre violencia doméstica, se reveló además durante la exposición.
La violencia de género en América Latina tiene una visibilización mayor y figura como tema prioritario en la agenda de sus organismos gubernamentales, coincidieron hoy profesionales y expositores de ONGs, en la inauguración del Cuarto Congreso Latinoamericano de Derechos Sexuales y Reproductivos.
Con expertos de 16 países, el congreso debate desde hoy sobre igualdad de género, descenso en la mortalidad infantil y el derecho a una sexualidad libre.
Durante el panel "Violencia de género en América Latina", la uruguaya Sandra Romano subrayó la inexistencia hasta hace pocos años de cifras de denuncias por violencia doméstica y la importancia de estadísticas para abordar la problemática.
En Paraguay más del 33% de las mujeres de entre 15 y 44 años fue sometida a algún tipo de violencia y una de cada 15 mujeres fue víctima de violación, precisó Vicente Bataglia, investigador de la violencia familiar ese país.
El chileno René Castro señaló que se evidencia una concientización en aumento sobre el tema en su país donde la violencia intraconyugal es delito y existe una Ley de Acoso Sexual.
Diana Galimberti, jefa del departamento materno infantil de un hospital en Argentina, subrayó la necesidad de respetar la privacidad de la mujer agredida que denuncia su caso en un centro de salud.
Sobre la detección de la violencia en obstetricia se refirió a un estudio en el que de 2 mil casos entrevistados, el 71% de las mujeres sufrió violencia, 20% la sufren en la actualidad y el 9% repite el estado de sometimiento.
Luis Tavara, de Perú, describió una cruda realidad en su país donde los casos no se registran y la violencia es un tema "de rutina" ya que "el 61% tuvo algún tipo de violencia en algún momento de su vida".
En Brasil, donde en 2005 murieron 4 mil mujeres por casos de violencia, la misma "es una expresión de poder", y hay grupos más vulnerables, entre los que se encuentra la mujer, afirmó la panelista Cristiao Rosas.
En los países en vías de desarrollo, América Latina incluida, entre el 4 y el 29 % de las embarazadas sufre violencia doméstica, se reveló además durante la exposición.
Representantes de Argentina, Túnez, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, España, República Dominicana, Estados Unidos, Holanda, Italia, México, Paraguay y Uruguay asisten al Foro que debatirá hasta el sábado en la sede comunal de Montevideo.
ANSA abril 2008
IMPUNIDAD - Tegusigalpa
abril 2008
Denuncias por violencia doméstica no se investigan
La policía muestra su indiferencia y la mayoría de los casos no son investigados; las autoridades judiciales no tienen la capacidad para actuar contra los hombres agresores
En la sala de observación del hospital Escuela, con heridas psicológicas que tardarán en sanar y sin las manos que le permitían buscar el sustento diario para sus dos hijos, Angélica Maribel Murillo trata de vencer el ataque brutal que le propinó su prófugo esposo Francisco Mejía Amador.
La agresión física que sufrió Angélica quizás no quede impune, como el caso de miles de mujeres que se presentan ante las autoridades para interponer sus denuncias, en busca de protección, y la mayoría de las veces tan solo queda registrada en papel y luego de unas horas pasa a formar parte del archivo de las oficinas gubernamentales e instituciones de apoyo.
CIFRAS
Las estadísticas confirman esta versión, pues según datos de la Dirección General de Investigación Criminal (Dgic), durante el primer semestre del año anterior, de los 106 homicidios registrados en contra de mujeres, tan solo 48 casos eran investigados. Asimismo, tan solo en el 7 por ciento de los delitos se conocía el nombre del victimario.
De los casos en que se ha logrado atender e identificar a los agresores, el 22 por ciento de las mujeres asesinadas fueron atacadas por un hombre que ellas conocían, lo que significa que 1 de cada 5 fueron asesinadas por su pareja, pariente, amigo o vecino. En lo que va del año se han registrado mil 500 denuncias por violencia doméstica, en promedio se presentan unas 35 denuncias diarias. De muertes violentas se enumeran 41 casos, lo que suma en los últimos dos años un total de 250 femicidios.
DENUNCIAS
A nivel de las principales ciudades del país, los registros de llamadas por parte de la población a las postas policiales reflejan que el 65 por ciento de los pedidos de auxilio que reciben obedecen a episodios de violencia doméstica. Olga Teruel, del Centro de Derechos de Mujeres (Cdm), manifestó que durante los últimos años la mayor parte de los casos de violencia doméstica salen a la luz pública, contrario a lo que ocurría en años anteriores, por lo que la cifra se puede contabilizar.
Por lo tanto, las estadísticas aumentan en porcentajes significativos cuando se trata de muertes y violaciones, sin embargo, existen otros casos de violencia que quizás aún permanecen en el interior de los hogares, como el maltrato verbal, gritos e intimidación. “En este momento es urgente que las autoridades hagan cumplir la ley y que, en el caso de la Dirección General de Investigación, le den seguimiento a las denuncias, que haya investigación para evitar la impunidad”, denunció Teruel.
En 1998 se dictó la Ley sobre violencia doméstica y el año anterior se logró que las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inauguraran una oficina donde funciona el Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica, con la promesa de que se habilitaría otra sección en la ciudad de San Pedro Sula, pero hasta el momento la oficina en la ciudad industrial no inicia operaciones.
“El problema también se refleja ante la falta de personal, ya que la jueza de ejecución, que es la encargada de dar seguimiento a los casos de acuerdo a la ley, en la actualidad cuenta con mas de mil 500 denuncias por atender, lo que representa un número elevado”, explicó la representante de CDM.
De acuerdo a las instituciones que trabajan en favor de la protección de la seguridad de las mujeres, la edad más crítica para la mujer en Honduras en cuanto a violencia doméstica es entre los 18 a 35 años, cuando las féminas buscan formar un hogar. Y la etapa de mayor registro de violencia sexual es desde los primeros años de vida hasta los 13 años.
20 AÑOS DE CÁRCEL PARA VICTIMARIO DE ANGÉLICA MURILLO
La Fiscalía especial de la Mujer interpuso ayer una acusación criminal en contra de Francisco Mejía Amador (52) por amputarle las manos a su compañera de hogar, Angélica Maribel Murillo Ortiz (31). En el requerimiento fiscal interpuesto ante el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán, la Fiscalía imputa el delito de tentativa de parricidio, sancionado con de 20 a 27 años de reclusión, informó Melvin Duarte, vocero del Ministerio Público.
Entre los elementos probatorios que acompañan a la acusación está el testimonio que la víctima rindió a los fiscales. En la acusación, la Fiscalía solicita al juez conocedor de la causa que se libre orden de captura en contra del imputado. Por otro lado, la Fiscalía instruyó a Medicina Forense practicar una evaluación a la víctima, para sustentar el expediente incoado ante los tribunales.
HABÍA DENUNCIADO AGRESIONES
El caso fue analizado por los fiscales desde un primer momento, ya que la ofendida había interpuesto una denuncia por violencia doméstica, el pasado 25 de marzo, en contra de Francisco Mejía. Según consta en el expediente No 912-2008, ese mismo día se adoptó la imposición de medidas cautelares de seguridad en contra el agresor, como el no establecer comunicación con su compañera de hogar y no acercarse a la vivienda donde residían, entre otras. Se tenía previsto evacuar una audiencia el próximo 18 de abril, como parte del proceso de la denuncia entablada ante la Fiscalía en contra del hoy imputado.
Miércoles 7 de Mayo de 2008
VIOLENCIA DE GENERO - CAPACITACION
Casi 1.000 tucumanas fueron golpeadas en menos de un año
Según estadísticas oficiales, en el 39% de los casos los agresores estaban alcoholizados. Un informe del Ministerio de Seguridad da cuenta de la gravedad de la situación en la provincia. Exhortan a todos los ciudadanos a denunciar los casos de agresión,
En nueve meses, casi un millar de tucumanas denunciaron haber sido víctimas de la violencia de género, señala un informe del Centro de Atención y Orientación en Violencia Familiar del Ministerio de Seguridad Ciudadana. El número por sí solo refleja la gravedad del problema, pero hay más cifras que ayudan a comprender la magnitud de este flagelo en la provincia: la mitad de las víctimas decidió hacer la denuncia luego de haber recibido ataques físicos y no antes, mientras sufría otras formas de violencia. El Centro comenzó a funcionar en los primeros días de julio del año pasado, en el local de Don Bosco 1.886. El informe, que fue presentado por el ministro de Seguridad, Mario López Herrera, contempla las denuncias realizadas hasta el 31 de marzo de este año.
El funcionario formó parte de un panel titulado “Criterios de intervención social, policial y judicial en Argentina y España”, que se realizó durante las Jornadas de Capacitación y Sensibilización a Funcionarios Policiales y Judiciales en el Tratamiento de la Violencia de Género, que concluyeron ayer. De acuerdo con los datos recabados en el Centro de Atención, las mujeres constituyen el 97 % de las 981 personas que denunciaron ser víctimas de hechos de violencia.
Causas
La ingesta de alcohol figura como el principal factor desencadenante de las agresiones físicas en contra de las mujeres. El 39 % de las denunciantes dijo que su pareja estaba alcoholizada en el momento de haberla golpeado. El 32 % contó que los ataques tuvieron como motivo los celos y el 15 % expresó que la causa de las palizas fue un embarazo o el hecho de haber dado a luz.
López Herrera aseveró que las mujeres que concurren al centro reciben atención psicológica, asesoramiento jurídico, orientación social, asistencia médica y la inmediata actuación policial. “Las cifras demuestran la gravedad del problema. Pero por primera vez en Tucumán tenemos números confiables que reflejan la realidad de la situación. Esto nos permite trabajar en la articulación de políticas de prevención y de acción. Hasta ahora solamente nos guiábamos por la sola percepción que tenía del problema la persona a la que le tacaba intervenir”, aseguró el funcionario. El ministro agregó que una de las maneras de prevenir este tipo de casos es generar en la sociedad un concepto de responsabilidad colectiva. “Se cree que esto sólo depende de la Policía y no es así. Las víctimas van a los hospitales y nadie hace la denuncia; tampoco los vecinos que saben que una mujer está viviendo en una situación de violencia familiar. Aunque la intervención policial es fundamental, es necesario que quien se entere de que están ocurriendo estos hechos, los haga conocer”, sostuvo el ministro.
A pesar de que el Centro de Atención lleva nueve meses funcionando, las dependencias policiales continúan recibiendo diariamente denuncias por malos tratos en el ámbito familiar, según admitió el comisario Cruz Lazarte, de la Unidad Regional Este. La subcomisaria Beatriz Gómez, de la Brigada Femenina, reveló que reciben un promedio de 15 denuncias diarias. “Los casos de violencia preocupan. Pero es importante que las mujeres se animen a denunciarlos”, agregó el comisario Lazarte.
Las causas de las consultas
* 74 por ciento de las mujeres golpeadas tiene entre 25 y 50 años.
* 18 por ciento de las mujeres que efectuaron la denuncia tiene menos de 25 años.
* 50 por ciento de las consultas que recibe el Centro de Atención y Orientación sobre Violencia se debe a agresiones físicas.
* 14 por ciento de las consultas se hizo por pedido de los hijos.
* 4 por ciento de las consultas fueron hechas porque los hijos fueron golpeados.
Neuquén ya tiene una Red contra la Violencia de Género
Más de una decena de organizaciones sociales y profesionales de la provincia de Neuquén conformaron recientemente la Red Contra la Violencia de Género, abocada a controlar el desarrollo de los enjuiciamientos en los que están involucrados mujeres y niños. Ayer los integrantes de la red cuestionaron las iniciativas que a nivel provincial buscan que los defensores de la Defensoría del Niño sean abogados privados, y reclamaron que sean funcionarios públicos.
Esta red está conformada por el Servicio de Violencia Familiar, el Consejo Provincial de las Mujeres, el Foro en defensa de la 2.302, la Línea 102, la Revuelta, la Defensoría del Pueblo de Neuquén, la Asociación Newen Koñi, el Centro de Estudios de Género de la UNC, el Foro Ciudadano por la Democracia, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, la Red del Oeste de apoyo a la Niñez y la Adolescencia, y las promotoras de Salud del barrio Hipódromo. Desde el grupo se reclamó la materialización de la defensoría del Niño y el Adolescente que la ley provincial prevé que se formen en cada circunscripción, ya que se destacó que "se vienen violando sistemáticamente los derechos de los Niños y Adolescentes".
(Río Negro – Neuquén/Río Negro, edición digital, 20/5/08).
JUNIO 2008
Cada tres días, una mujer es asesinada por su pareja
El alarmante dato se desprende de un informe realizado por Amnistía Internacional. La organización brega para que se declare a la violencia de género como "un problema de estado"
La cifra de se basa en un relevamiento sobre los casos que fueron publicados en diarios escritos y en internet de todo el país.
Al respecto, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Argentina, Rafael Barca señala que, según esos datos "una mujer muere cada 2,5 días a mano de su pareja o su ex pareja".
Esto indica que hay más casos que no son difundidos y por ende, están fuera de esta estadística. Por ejemplo, Barca agrega que "una mujer que está dos meses en un hospital y muere a causa de los golpes, no sale en los diarios".
"Tampoco las que se suicidan porque están hartas de los malos tratos. Se registran como un suicidio y no se indaga en las causas", agrega.
Según este informe difundido por el diario Los Andes, además, hay 1,5 casos de violencia contra la mujer (doméstica, en el ámbito laboral, en la calle) por día; 1 de violencia sexual (agresiones o muertes) cada 1,3 días y 1 caso de violencia doméstica (en el ámbito de la familia) cada 1,8 días.
Por ejemplo,el año pasado 89 mujeres murieron en manos a manos de su parejas, y en sólo los primeros 66 días de 2008, fueron 33 las víctimas por las misma causa.
"La violencia contra la mujer es una violación recurrente de los derechos humanos que se repite día a día en la Argentina sin que el Estado actúe aún de manera urgente. Se precisa un plan a nivel estatal que contenga medidas concretas y efectivas para erradicarla", reclama el informe de esta organización.
Amnistía Internacional propuso al Gobierno un plan formal contra la violencia domética. Sin embargo, dicen que no tuvieron las repuestas buscadas. "Se necesita subir el problema de categoría, es necesario convertirlo en un problema de Estado", concluye Barca.
SANTA FE JUNIO 2008
Está vigente el Programa sobre Violencia Familiar
Se trata de una iniciativa municipal, impulsada en forma conjunta con el Ministerio de Educación de la Provincia y enmarcada en otra propuesta que se orienta hacia el bienestar sanitario de la población, Municipio Saludable.
Ariel Durán-Sergio Ferrer
Días atrás, en el Instituto para la Formación Empresaria y el Empleo (Ifee), cuya sede provisoria funciona en el Centro Regional de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de Santo Tomé, el municipio de esta ciudad comenzó a desarrollar el denominado Programa Municipal Preventivo sobre Violencia Doméstica y Maltrato Infantil, contándose con la presencia de la coordinadora pedagógica regional del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, Rosa Retana. En la oportunidad, en representación de la Municipalidad de nuestra ciudad, se dieron cita el secretario de Gobierno, Carlos Hugo Tepp; la subsecretaria de Salud y Medio Ambiente, Miryam Ramón, así como la coordinadora de esta último área, Cintia Ghiretti. Además, estuvieron presentes otros funcionarios municipales, referentes vecinalistas y público en general, en especial, madres jóvenes y adolescentes.
Derivación oportuna y temprana
Cabe destacar que esta iniciativa Äque tendrá continuidad el 4 de julio próximo en las mismas instalaciones del IfeeÄ se encuentra prevista en el programa Municipio Saludable, que lleva adelante Santo Tomé, con el objetivo principal de capacitar a docentes y representantes de la comunidad en su conjunto y con la intención de prevenir, mediante la derivación oportuna, la violencia emergente en forma temprana. Consecuentemente, en dicho contexto, la encargada de presentar la iniciativa fue la profesional Lourdes Lilian Galiano, responsable del Equipo Interdisciplinario Comunitario (Eico) y coordinadora del referido programa.
Dada la importancia de la presentación, a su turno también brindó determinados conceptos Miryam Ramón, quien desde un principio manifestó su satisfacción por el hecho de que distintos actores sociales "se hagan cargo del problema de la violencia, porque se trata de un hecho multicausal, complejo, que no puede abarcarse desde una sola mirada o perspectiva". Por su parte, al expresar su punto de vista, Retana señaló que desde "el Ministerio de Educación se le da la bienvenida a esta clase de propuestas, porque son las que acompañan la labor docente y sostienen a la escuela en una red, haciendo que aquellos problemas que son netamente sociales puedan ser abordados por otros actores Äcapacitando a los educadores en estas problemáticasÄ, para que los mismos puedan abocarse a su tarea específica, que es la de enseñar y aprender con los alumnos".
guatemala julio 2008
FIRMAN CONVENIO PARA CREAR COMISIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL -
Con la finalidad de prevenir la violencia sexual contra mujeres y jóvenes el Ministerio de Salud Pública en conjunto con varias organizaciones firmaron un convenio para la conformación de la Comisión Técnica Contra la Violencia Sexual. Esto permitirá la creación de un protocolo para atender a las víctimas de violación sexual en hospitales de la red nacional.
Las autoridades del Ministerio de Salud, del Fondo de Naciones Unidas para la Población, la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y la Asociación de Mujeres Médicas, suscribieron el convenio.
La nueva comisión estará integrada por personal del Ministerio de Salud que labora en distintos programas, quienes aplicarán el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual en los 49 hospitales nacionales en toda la República.
Según señala el viceministro de Salud, Ludwin Ovalle, los objetivos de la Comisión están centrados en la revisión, actualización e implementación de un protocolo el cual consiste en brindar atención médica integral, consejería y apoyo psicológico a las personas que han sufrido el flagelo.
Córodba - Julio 2008
Becas o trabajo para mujeres golpeadas
Ayer se firmó un ambicioso decreto contra el flagelo para involucrar a todos los estamentos del Estado y a la sociedad civil.
Luego de la sanción de la ley específica, en marzo de 2006, ayer se hizo público el más ambicioso y completo plan contra la violencia familiar: para aunar esfuerzos y establecer nuevas herramientas y objetivos, los representantes religiosos, de educación de todos los niveles, el trabajo, la salud, la Justicia, la Legislatura, cámaras empresariales, sindicatos, y la sociedad civil pusieron la firma al decreto.
Entre otras acciones, el plan “Sumando Esfuerzos” amplía el monto y el plazo del programa Nueva Vida, que existe desde 2003: la beca para las víctimas de la violencia pasa de 200 pesos a 500 y el plazo máximo de seis meses se extiende a dos años. Según el ministro de Justicia, Luis Angulo, la cantidad de beneficiarios no tendrá límites, siempre que cumplan los requisitos.
Entre ellos, según el decreto, la víctima debe “sostener el proceso de tratamiento terapéutico”, “encontrarse en una situación socioambiental que así lo justifique” y tener la autorización de la Dirección de Violencia Familiar, dependiente de la cartera de Justicia.
Además, ya se firmaron convenios con la Cámara de Supermercados y la Cámara de Empresas de Limpieza en los que éstas se comprometen a emplear, con sueldos según los convenios de cada sector, a un total de mil víctimas de violencia familiar (500 por cada cámara).
En el plano laboral, también se establece que todos los planes y programas de promoción de empleo de la Provincia tendrán un cupo obligatorio para las víctimas de la violencia familiar.
“En muchos casos, ante la exclusión del hogar del agresor o cuando la mujer se va de la casa, ésta queda sin ingresos, sin sostén. Con estas medidas se busca romper con el círculo de dependencia. La víctima necesita autonomía, si no, el problema no se soluciona”, expresó Angulo.
Como refuerzo, el decreto crea el refugio Hay Razones para Vivir que albergará a mujeres solas, o con hijos, de manera transitoria, por un plazo no superior a 30 días.
1.171 denuncias por mes. Como muestra de que es una problemática que necesita acciones más allá de las respuestas inmediatas que puede dar el Poder Judicial, en el acto de firma del decreto se difundieron datos sobre las denuncias registradas los últimos dos años.
Así, entre marzo de 2006 y febrero de 2008, se registraron en la provincia un total de 28.124 denuncias, es decir, 1.171 denuncias mensuales, según el relevamiento del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez del Poder Judicial de Córdoba. El 20 por ciento de los agresores corresponde a mujeres mientras que el 80 por ciento a hombres. De las víctimas, el 78 por ciento es de sexo femenino y el 22 masculino, pero se debe aclarar que dentro de éstos también están los niños de sexo masculino.
Y las cifras muestran que lo laboral es primordial si se quiere atacar en serio a la problemática: el 67,4 por ciento de las víctimas tienen “ingresos ocasionales o no tienen ingresos”.
Además, se creó el Registro Provincial de Violencia Familiar, que funcionará en el Ministerio de Justicia en coordinación con el Poder Judicial.
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