En una agitada asamblea realizada anteanoche en el Teatro Municipal, más de medio millar de vecinos insistió en la necesidad de modificar la legislación referida a delitos de índole sexual.
CORONEL DORREGO (De nuestra agencia) -- La comunidad dorreguense volvió a pedir cambios en la legislación penal y procesal provincial y nacional, así como la eficiente aplicación de las normas para delitos de índole sexual.
El reclamo se hizo efectivo durante una asamblea abierta desarrollada el viernes a la noche, en instalaciones del Teatro Municipal, ante aproximadamente 600 personas.
Como había acontecido en reuniones de similares características realizadas días atrás, el principal requerimiento de los presentes fue el apoyo al tratamiento legislativo de los proyectos de ley existentes en la Provincia de Buenos Aires y en el resto del país sobre la creación del registro único de defensa de víctimas de violación sexual y para aquellas personas condenadas por delitos contra la integridad sexual, así como la incorporación de un banco de datos identificatorios.
También se reclamó asistencia y contención a las víctimas de delitos sexuales, con el apoyo de especialistas desde el mismo momento de realizadas las denuncias, y se pidió que los procesados y condenados por estos hechos no puedan ocupar determinados cargos o trabajos relacionados con el abuso cometido en colegios, guarderías, taxis y/o remises y docentes, entre otros.
Participaron del encuentro el intendente municipal del distrito, Fabián Zorzano; los diputados provinciales Jaime Linares (Coalición Cívica), Jorge Simoni (UCR) y Marcelo Di Pascuale (Frente para la Victoria) y la senadora bonaerense Elsa Strizzi.
Además, estuvieron presentes el titular de la comisaría local, capitán Marcelo Giussia; el titular de la Unidad Fiscal Descentralizada, Marcelo Romero Jardín; el miembro del Centro de Protección de los Derechos de la Victima del ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Fernando Pérez, y representantes de la ONG A.VI.VI. (Ayuda a Víctimas de Violación).
Antes de las disertaciones, un joven que llegó desde Coronel Suárez entregó a la titular de A.VI.VI., María Elena Leuzzi, planillas con alrededor de 3.000 firmas de adhesión recepcionadas en esa ciudad a la propuesta de crear un registro de violadores en todo el país.
El intendente Zorzano admitió inicialmente que los vecinos dorreguenses todavía se sienten conmovidos por el bestial ataque de la niña de 10 años atropellada, violada y quemada, hecho que movilizó rápidamente a la comunidad, que organizó una multitudinaria marcha del silencio, reuniones abiertas y la creación de una ONG local que atienda este tipo de problemáticas, entre otras acciones.
"Aunque no suene bien, creo que en Coronel Dorrego hay un sentimiento colectivo de violación, porque las víctimas, en poblaciones como la nuestra, tienen nombre y apellido y no son una estadística más", reflexionó el jefe comunal.
Manifestaciones.
Fernando Pérez hizo público el agradecimiento por la invitación a participar del encuentro y destacó que el organismo del ministerio de Justicia que representa, cumple un rol interdisciplinario, con la asistencia de psicólogos, asistentes sociales y otros especialistas afines a la cuestión.
El diputado provincial Jorge Simoni, en tanto, advirtió que el bloque radical está a disposición para acompañar todos los pedidos que se hagan en esta y otras comunidades relacionados con el cambio en la legislación para tratar de evitar la reiteración de casos aberrantes como el que alteró la habitual tranquilidad pueblerina en este medio.
"Los derechos humanos tienen que ser para todos, no sólo para algunos; no hay que confundir libertad con libertinaje y se debe recrear el concepto de autoridad, que no significa autoritarismo", reflexionó el legislador bonaerense.
A su turno, Jaime Linares se lamentó por haber retornado a esta ciudad en una circunstancia tan desgraciada, aunque consideró que "de todas las crisis hay que buscar oportunidades".
"Lo que hizo el pueblo de Dorrego en estas tres manifestaciones ayudarán a buscar soluciones, que se demoraron más de la cuenta", subrayó el ex intendente bahiense.
Por su lado, la senadora Elsa Strizzi explicó los principales lineamientos de su proyecto, tendiente a crear un registro de delincuentes sexuales en territorio bonaerense, adelantando que, en los próximos días, obtendrá media sanción en la Cámara Alta.
Además, enumeró todas las iniciativas presentadas por legisladores nacionales, que no prosperaron.
"Como mujer y madre, siento mucho dolor. Hace mucho tiempo estoy trabajando desde algunos ámbitos de ayuda a mujeres que tuvieron la mala suerte de criarse y desarrollarse en hogares violentos", recordó.
"A partir de esta inquietud, decidí trabajar en estas cuestiones, y una de las acciones fue el impulso a la creación de la comisaría de la Mujer, en Bahía Blanca, que puede tener errores y no funciona a la perfección, pero al menos existe, y cuenta personal especializado, y cada día va sumando nuevos servicios", añadió.
Inmensas ganas de vivir
La niña, que permanece internada en el Hospital Garrahan desde el 19 de junio, fue operada nuevamente, le quitaron el respirador y "ya tomó un yogur y probó pizza", informó ayer su tío, Eduardo Olsen.
"Quiero agradecer --dijo Olsen-- por la excelencia y calidad humana de los médicos del Garrahan, a los que hacen cadenas de reiki, a los que rezan por ella o simplemente piensan en su recuperación y en las inmensas ganas de vivir que tiene".
La niña se dirigía en bicicleta hacia el Club Atlético Independiente, de Coronel Dorrego, a practicar básquetbol. En el trayecto, la atropelló un Renault 12 naranja, cuyo conductor, Mauro Schechtel (27), detuvo su marcha y ofreció llevarla a un hospital.
Sin embargo, el sujeto se dirigió a la ruta 72 y, en un descampado, violó, roció con combustible, prendió fuego y abandonó a la víctima, creyéndola muerta.
La pequeña recuperó el conocimiento y se arrastró hasta la ruta, donde la auxilió un camionero.
"No nos mientan más en la cara"
Uno de los momentos de mayor tensión de la asamblea surgió cuando hizo uso de la palabra María Elena Leuzzi, titular de A.VI.VI., quien respondió explícitamente a algunos de los conceptos pronunciados por los políticos presentes en el Teatro Municipal.
"He tomado nota de lo que he venido escuchando y no coincido con la mayoría de las cosas que se dijeron. No soy renegada, sino simplemente una madre que viene luchando con una hija violada en las mismas condiciones que estuvo la pequeña de Dorrego", dijo.
"Conozco desde las mismas entrañas los grandes cráteres que tiene nuestro país en materia de justicia, con un Estado ausente. Nos hablan de grandes comisarías de la Mujer, pero hay algunas seccionales que son un fantasma, como la de Pacheco, donde ni siquiera hay teléfono", cuestionó.
"Nos siguen mintiendo en la cara y ahora levantan banderas porque se encuentra este niña de por medio; yo no hago política, sino que trabajo desde el dolor propio, de mi hija y de las víctimas que solicitan nuestra ayuda (N.de R: en A.VI.VI. se reciben seis denuncias diarios de violaciones)", agregó.
Luego, Leuzzi instó a los legisladores a aprobar los proyectos de ley relacionados con la creación de un registro nacional de violadores.
"Ayúdennos, porque cuando vienen a buscarnos para algún voto, nosotros vamos y votamos", espetó la mujer, en medio de aplausos.
"Se habla de equipos interdisciplinarios en las comisarías, pero después no hay seguimiento, y las víctimas vuelven a sus casas con sus familias y se quedan solas. No nos mientan más en la cara", reclamó.
Para Silvia Weksel, abogada de A.VI.VI., la violación de la niña dorreguense se podía haber evitado si "la justicia hubiera tenido los pantalones puestos y le hubiera dado a este degenerado la cantidad de años que tenía que tener".
"A través del tiempo trabajamos con este tema y estoy en condiciones de afirmar que el violador es un cien por ciento irrecuperable. Esto pasó en Dorrego porque (el acusado) viene corriéndose de los pueblos", indicó.
"Las condenas que reciben estos depravados nos parecen insuficientes, porque la edad promedio de los violadores oscila entre los 20 y 35 años, por lo que deben tener una reclusión de por vida, ya que se trata de seres que no se pueden reinsertar en la sociedad", subrayó.
Puntos para destacar
Algunas de las conclusiones que surgieron de la asamblea en Coronel Dorrego fueron:
* Es necesario reformar el artículo 61 del Código Procesal Penal bonaerense, incluyendo la identificación por ADN cuando se trate de delitos contra la integridad sexual o la investigación lo considere necesario.
* Comprometer a los legisladores a que informen cuándo serán tratados proyectos relativos a delitos contra la integridad sexual, como el de registro de violadores.
* Informar detalladamente trabas e inconvenientes a los proyectos en tratamiento; esto incluye los nombres de los legisladores que se oponen y sus direcciones de e-mail.
* Encarar una campaña de prevención sobre abuso sexual a nivel municipal y provincial.
* Implementar lo dispuesto en el artículo 20 de la ley de Violencia Familiar Nº 12.569.
* Que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires arbitre los medios para que la policía se comprometa y capacite más a su personal respecto de casos de delitos contra la integridad sexual.
ENLACE A OTA ORIGINAL
ANTECEDENTES JUDICIALES INJUSTOS
Polémica por fallos judiciales sobre delitos sexualesVioló a su hija de 8 años y lo benefician
Un tribunal permitió a un acusado salir de la cárcel y cumplir arresto domiciliario porque abusó de la niña "por única vez"
LANACION.com | Información general | Domingo 6 de julio de 2008
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Proponen Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual con Registro de Identificación Genética de Abusadores
La Plata - A través de un proyecto de ley presentado la semana pasada en la Cámara Baja bonaerense, la diputada de la Concertación Plural, Mirtha Calmels propuso crear el Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual, el cual presentará un mecanismo de liberación de datos y un Registro de Identificación Genética de Abusadores Sexuales, para lo cual ambos dependerán de la Procuración de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que en el citado registro, constará la información genética de las personas condenadas por delitos de tipo sexual tipificados en el Título III, Capítulos II, III y IV del Código Penal.
En el Registro de Condenados por Delitos Sexuales constarán datos tales como ficha de las impresiones digitales de ambas manos y foto del causante; tribunal y Secretaría interviniente y número de causa; nombre, apellidos, apodos, pseudónimos o sobrenombres; lugar y fecha de nacimiento; nacionalidad y estado civil; domicilio o residencia; profesión, empleo, oficio u otro medio de vida; número de documento de identidad y autoridades que lo expidieron; número de prontuario; condenas anteriores si las hay, y tribunales intervinientes; fecha y lugar en que se cometió el delito, nombre del damnificado y fecha de iniciación del proceso y finalmente calificación del hecho.
Asimismo, los datos del registro de Condenados Sexuales se podrán liberar a pedido de cualquier persona mayor de edad que exprese un interés legítimo y se identifique debidamente, el cual deberá ser evacuado en 48 horas; en tanto que la realización del examen genético y la incorporación de la información al Registro deberá ser ordenado por los jueces como pena accesoria para los delitos contemplados en el artículo 2 de la presente ley.
El Registro contará con una sección especial destinada a autores ignorados, y allí constarán las huellas genéticas identificadas en las víctimas de delitos sexuales, al tiempo que su incorporación será ordenada judicialmente.
Por otra parte, las constancias obrantes en el Registro de Identificación Genética serán de contenido reservado y únicamente podrán suministrarse informes a los Jueces y Tribunales de todo el país; cuando las leyes nacionales o provinciales lo determinen; a los Comandos en Jefe de las Fuerzas Armadas, Policía Federal Argentina y policías provinciales, para atender necesidades de investigación; a las autoridades extranjeras cuando en virtud de sus facultades, el Poder Ejecutivo, promueva el intercambio de información con países extranjeros sobre antecedentes penales de las personas y cuando lo disponga la Procuración a solicitud fundada de otras autoridades nacionales, provinciales o municipales.
La información genética almacenada no podrá ser retirada del Registro bajo ningún concepto y sólo será dada de baja por fallecimiento del causante o por haber transcurrido cien años desde la fecha de nacimiento del mismo.
Con relación a la muestra perteneciente a autores ignorados será dada de baja de acuerdo a los términos previstos en el Código Penal para la prescripción de la acción penal; al tiempo que las constancias del Registro de Identificación Genética de Abusadores Sexuales conservadas de modo inviolable o inalterable, harán plena fe pudiendo ser impugnadas sólo judicialmente por error o falsedad.
Asimismo, se podrá facultar a la procuración de la Corte de la Provincia de Buenos Aires a celebrar convenios con los organismos competentes en la materia a efecto de contar con la colaboración técnica especializada que garantice la veracidad de los datos obtenidos a través del análisis de ADN no codificante y por medio de técnicas meramente identificativas.
Los jueces podrán disponer la utilización de los datos consignados en el Registro, incluidas las fotografías para actividades jurisdiccionales. Al referirse al citado proyecto, la legisladora explicó que "es una iniciativa que se basa en anteriores iniciativas legislativas cuyo fin es regular la creación de un Registro de condenados por delitos sexuales. En la actualidad, los casos de abuso sexual que se registran en nuestra sociedad son innumerables, se manifiestan de distintas formas y atacan, casi siempre, a los grupos más vulnerables: los niños, los adolescentes, las mujeres y a aquellos con capacidades diferentes. El Estado debe proveer los medios para palear las graves consecuencias que el abuso sexual produce en las victimas y además contar con una actitud preventiva, para que la sociedad en su conjunto esté alerta acerca de presuntos hechos de estas características".
Más adelante, Calmels añadió: "Por ello es que a través de éste proyecto de ley, proponemos un dispositivo de liberación controlada de datos personales, características físicas, domicilio de los violadores y registro de los mismos ante la autoridad competente. Es de suma importancia, que todas las entidades públicas y privadas que se encuentren con niños, adolescentes, discapacitados y mujeres tengan acceso a este tipo de información y de esta manera, conozcan cuándo una persona es peligrosa para la sociedad. Al liberar públicamente los datos del Registro de Condenados por Delitos Sexuales se tiene la esperanza que la sociedad esté preparada para proteger a sus integrantes y a sí misma, y de esta manera, afianzar la seguridad pública, único fin perseguido".
Por otra parte, la legisladora de la Concertación Plural subrayó que "a través de este proyecto, la policía conocerá esta información y podrá hacerla pública ante el requerimiento debidamente fundamentado de escuelas, asociaciones o entidades relacionadas con la temática en cuestión. Asimismo, podrán acceder a estos datos los integrantes de un vecindario que crean estar en peligro ante la presencia sospechosa de determinados individuos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. En relación al Registro de Identificación Genética de Abusadores Sexuales, su finalidad principal será facilitar el accionar de la justicia en la resolución de aquellos casos en que se hubieren cometido delitos de carácter sexual y posibilitar a su vez, la consecuente aplicación de las penas correspondientes a los autores de éstos crímenes, atendiendo a la especial circunstancia de que un gran porcentaje de ellos resulta ser reincidente en este tipo de delitos"
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de julio de 2008
La Diputada Nora César presentó un proyecto
que prevé la creación del Registro Nacional de Condenados
por Delitos contra la Integridad Sexual
La Diputada de la Nación Dra. Nora César (Frente para la Victoria – Buenos Aires), presentó el Proyecto de Ley 3658-D-2008 para crear el Registro Nacional de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual.
Esta iniciativa de la Presidenta de la Comisión de Legislación Penal –que fue acompañada con la firma del Diputado de la Nación Luis Cigogna, Presidente de la Comisión de Justicia, y de la Diputada de la Nación Diana Conti, integrante de ambas comisiones- lleva varios meses de trabajo, y el texto del proyecto ha sido remitido para su consulta a diversos juristas y constitucionalistas de gran prestigio.
Ante la preocupación de la legisladora por contar con una herramienta contundente para perseguir los delitos aberrantes contra la integridad sexual, y teniendo en cuenta que los siete proyectos que se presentaron sobre esta temática en los últimos años no han logrado el consenso necesario para emitir dictamen y propiciar el tratamiento en el recinto, decidió generar un proyecto exhaustivo a los fines de hacer un aporte en este sentido.
Cabe destacar que todos los preceptos normativos del Proyecto de Ley 3658-D-2008, deberán ser interpretados en concordancia con los principios establecidos en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, garantizando los derechos existenciales del condenado.
La finalidad de contar con esta herramienta no está vinculada, en ningún caso, con fomentar la estigmatización, discriminación o exclusión social de la persona condenada, sino con facilitar la identificación de los autores de este tipo de delitos para lograr investigaciones más rápidas y eficaces, además de contribuir con la prevención y la seguridad de los ciudadanos.
Asimismo, es importante destacar que para la elaboración de esta iniciativa se han valorado las legislaciones en la materia que se encuentran vigentes en Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Australia, Austria y Suecia.
Desde que fue elegida como Presidenta de la Comisión de Legislación Penal –el 19 de febrero del corriente año- la Diputada Nora César ha logrado que se emitiera dictamen sobre temas de gran importancia, como la Trata de Personas (que es ley desde el 9 de abril, y permite prevenir este delito vinculado con la esclavitud, la explotación y la extracción de órganos, además de la investigación y procesamiento para quienes lo cometan, y la ayuda y protección para las víctimas), Infanticidio (imponer pena de prisión de seis meses a tres años para la madre que matare a su hijo durante o luego del nacimiento, mientras se encontrare bajo la influencia del estado puerperal), Delitos Informáticos (protección de la intimidad sexual de los menores de edad), Fondo de Recompensas para contribuir a la detención de personas por violación de los derechos humanos, Emergencia Agropecuaria, y Creación de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, entre otros.
SE ADJUNTA A LA PRESENTE GACETILLA EL TEXTO COMPLETO DEL REFERIDO PROYECTO DE LEY
AGRADECEMOS SU DIFUSIÓN
Oficina de Prensa de la Diputada de la Nación Dra. Nora César
(011) 6310-7414
El juez de Garantías Nº 5 de San Martín, Nicolás Schiavo, que benefició al principal acusado de haber cometido el cuádruple crimen de Campana, Ángel Fernández, ha sido cuestionado por otras polémicas liberaciones, que incluyen a dos violadores.
El 16 de febrero de 2007, el juez Schiavo -que estaba a cargo en forma interina del Juzgado de Garantías Nº 3 de San Martín- otorgó a Fernández el beneficio de estar en una lista de espera, para conseguir el arresto domiciliario con monitoreo electrónico en una tobillera.
El principal acusado de haber cometido el cuádruple crimen de Campana esta imputado en una causa por tenencia de municiones y arma de guerra, pero el 13 de julio de 2007 obtuvo el beneficio del arresto domiciliario, a pesar que esa disposición está contemplada sólo para personas con problemas de salud o mayores de 70 años.
Además, el magistrado tiene dos polémicos antecedentes en cuanto a liberaciones, ya que otorgó ese beneficio a un violador serial y a un albañil acusado de abusar de una nena de 13 años, según indica un matutino porteño.
La ex directora de Cultura y Educación bonaerense y actual diputada oficialista, Adriana Puiggrós, pidió su juicio político al Consejo de la Magistratura bonaerense por el beneficio que el juez otorgó al albañil, pero dicho pedido terminó siendo rechazado.
El 12 de marzo de 2007, un albañil fue acusado de violar a una chica de 13 años, que concurría a la Escuela Nº 51, de José León Suárez, pero el juez lo liberó a los tres días "por falta de pruebas".
Puiggrós había argumentado que el magistrado "puso en libertad a un violador sorprendido mientras abusaba de una niña" y lo denunció porque "no esperó a que llegaran las pericias de la Policía Científica".
A su vez, el 21 de diciembre pasado, Schiavo liberó por falta de méritos a un adolescente de 18 años acusado de robar y violar a cinco mujeres, en la localidad de El Palomar.
De todas maneras, este hecho no quedó impune ya que el 4 de enero de 2008 el joven fue nuevamente detenido, luego que sus víctimas lo reconocieron en una rueda de testigos.
Crimen múltiple de Campana: una larga historia de amores y delitos que terminó en espanto
Según sus vecinos del barrio Frino, la familia que apareció asesinada junto a la Panamericana y los acusados de matarlos fueron amigos durante años. La madre habría sido amante de uno de los homicidas. Y se habla de robos en conjunto.
Para leerla haga click en el siguiente link:
http://www.clarin.com/diario/2008/08/03/um/m-01729273.htm
La Suprema Corte ordenó reabrir juicio por violación
Se trata de un debate por el abuso de una menor, donde los imputados fueron absueltos.
Ana María Saldaña
asaldana@ciudadanodiario.com.ar
JUDICIALES. La Cámara Segunda del Crimen de la Segunda Circunscripción Judicial absolvió a tres hombres acusados de violar a una nena de 8 años. Una asesora de menores fue a Casación por la decisión de los magistrados y la Suprema Corte determinó que debía realizarse un nuevo debate en la Cámara Primera de San Rafael.
El tribunal de la Cámara Segunda de San Rafael, integrado por los magistrados Raúl Rodríguez, Ramón Pérez Pesce y Eduardo Orozco (quien votó en disidencia) tomó una causa que tenía como infeliz protagonista a una nena de menos de 10 años. (El nombre de la víctima, como el de los atacantes, se reserva para proteger la intimidad de la menor.)
Los hechos
Al momento de la violación, la niña tenía 8 años y los victimarios fueron su padre, su hermano y un amigo de su progenitor. Los dos primeros estaban acusados de abuso sexual agravado por el acceso carnal y por el vínculo. Mientras que el tercero no tenía la agravante del vínculo.
Con juicio de por medio, los 3 sujetos fueron absueltos debido a que el fiscal de la cámara subrogante, Jorge Ferrandi, consideró que la nena se contradecía, que no tenía concordancia en las fechas de las que hablaba. Además, los acusados negaron la participación en los hechos. En base a esa convicción, el fiscal no acusó y los jueces, salvo Orozco, le dieron la razón. Así, los tres fueron absueltos.
Casación
En consecuencia de la gravedad de lo sucedido en ese primer debate, la asesora de Menores e Encapaces de General Alvear, Carmen Acide, interpuso el Recurso de Casación ante la Suprema Corte.
En el mismo fundamentó todos los errores cometidos. El primero, que la pequeña, durante el juicio inicial, “no había sido asistida legalmente por una asesora de menores durante la audiencia de debate”.
A la vez, el fiscal de cámara dijo que la nena se contradijo, pero no tuvo en cuenta que la víctima tuviera “miedo de hablar, de acusar a su padre, a su hermano y al amigo de su papá, que los ayudaba económicamente” y que, como agravante, estaban en la sala de juicio con ella.
Acide manifestó que la Cámara “ha omitido ponderar el informe de la psicóloga”, que manifestó que la nena “presenta signos de haber sido abusada sexualmente”, así como también que “su madre no demuestra asombro ante lo sucedido” y que la niña presenta un nivel intelectual inferior al término medio.
Finalmente, la psicóloga también concluyó en que la pequeña víctima tiene “un bloqueo afectivo que hace que su comunicación tenga fallas”.
La denuncia asegura que de haberse tenido en cuenta estas pruebas, el fiscal “habría comprendido por qué la menor no podía precisar fechas de los hechos ni las modalidades de los reiterados abusos sexuales a las que era sometida por los imputados”.
A su vez, en el recurso interpuesto, afirman que también el tribunal y el fiscal omitió los relatos de la menor, cuando ante una jueza de Familia la nena manifestó lo ocurrido.
Orozco descalificó la validez del pedido de absolución del fiscal y se resistió a la absolución de dos de los imputados. Pero Pesce y Rodríguez concordaron con Ferrer, por lo que los acusados quedaron absueltos por la mayoría.
Considerando todo esto, la Suprema Corte de Justicia sentenció hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la asesora de menores y resolvió que se realice un nuevo juicio “y el dictado de una nueva sentencia”.
http://www.eldiariodelfindelmundo.com/ver.php?modulo=ver_noticia&id=18015
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