Se negaron a realizarle una intervención terapéutica a Ana María Acevedo,una mujer de 20 años que sufría cáncer. Les imputan incumplimiento dedeberes de funcionario público. Ella murió sin haber recibido tratamiento de quimioterapia.
Luciana Peker
05.07.2008
Marcha. El 84% de las personas están a favor de la realización de un aborto si una mujer discapacitada fue violada, según Cedes.
En un dictamen novedoso en un juicio, seis médicos santafesinos fueron procesados por no haberle practicado un aborto terapéutico a una joven que sufría cáncer y que murió sin que le pudieran realizar un tratamiento de quimioterapia que hubiera salvado su vida. Ana María Acevedo tenía 20 años,
vivía en Vera (Santa Fe) y tenía tres hijos: Haroldo Román (5), César Osvaldo (3) y Juan David (2). Estaba otra vez embarazada cuando le detectaron un cáncer en el maxilar. Su madre, Norma Cuevas, pidió que le realizaran un aborto terapéutico contemplado en el artículo 86 del Código Penal. Los médicos se negaron. El cáncer avanzó. El 29 de abril de 2007 le practicaron una cesárea en la que nació una nena que falleció. El 30 de abril Ana María
entró en coma y murió el 17 de mayo antes de cumplir –el 3 de noviembre– 21 años. Antes de ser mayor de edad.
Esta semana el juez en lo Correccional de Santa Fe, Eduardo Pocoví, procesó por incumplimiento de deberes de funcionario público a Sandra Barbieri y José Manuel García, del centro de salud Samco, de Vera, y al médico Jorge Venanzi, del Hospital Iturraspe, de Santa Fe. El procesamiento fue más duro con el ex director del hospital, Andrés Ellena, y los jefes de los servicios de Oncología, César Blajman, y Ginecología, Raúl Musacchio, que también fueron inculpados por ese delito y, además, lesiones culposas.
La muerte de Ana María se convirtió en un caso emblemático de las trabas para acceder en la Argentina a los abortos no punibles. La decisión judicial –que todavía no fue apelada– no tiene antecedentes reconocidos. ¿Esta resolución cambiará la actitud médica cuando llegue una mujer con un problema similar al de Ana María?
El médico Mario Sebastián, presidente de la Sociedad Argentina de
Ginecología y Obstetricia Psicosomática, evalúa: “Esta resolución va a afectar emocionalmente a todo el gremio médico. Es la primera vez que se conoce un procesamiento por un aborto no punible no realizado. Hasta ahora las mujeres no podían obtener un derecho que la ley les permitía. Esto servirá de reflexión para los médicos y para que los hospitales sean más razonables y apliquen la letra de la ley. Lo lamento por mis colegas, pero hay derechos que están escritos y deben ser respetados: las mujeres pueden pedir la
interrupción del embarazo cuando está en riesgo su salud”.
Los médicos procesados se negaron a hablar con Crítica de la Argentina. Hasta el martes pueden apelar. Una posibilidad es que la resolución judicial quede firme y otra que la causa termine en la Cámara Penal de Santa Fe. Paula Condrac, abogada de la familia de Ana Acevedo y de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe (junto a Lucila Puyol y Mirta Manzur) siente que la resolución es
un paso, aunque lejos de sus expectativas. “Pretendíamos que los procesen por homicidio con dolo eventual, igual que en el caso del anestesista Luis Romero Hiriart, porque los médicos debían figurarse cómo iba a ser el desenlace de Ana”, critica. Y valora: “Aunque la pena de lesiones e incumplimiento de los deberes de funcionario público no sea fuerte –tienen penas menores a cuatro años– es importante la representación social que
deja. Las mujeres no somos vasijas reproductivas, y esta resolución marca que no es tan simple negarle derechos a una joven y que no permitir el acceso al aborto es una conducta que merece sanción por parte de la sociedad. Por eso, simbólicamente, es importante el procesamiento en un caso emblemático en la defensa de los derechos humanos de las mujeres”, señala Condrac.
Ana María tenía ojos negros que miraban fuerte y labios tensados por la tentación de la risa. No tenía muchas fotos. No hay tiempo ni plata para reflejarse cuando lo que hay es poco y lo que habrá es peor. Su foto ahora es un caso testigo en la Justicia.
El nunca jamás de la Iglesia
“Nunca se puede matar a una persona para salvar a otra”, sostiene Domingo Basso, sacerdote de la orden de predicadores dominicos del convento de Santo Domingo y ex rector de la Universidad Católica Argentina para fundamentar la posición de la Iglesia Católica que también está en contra del aborto cuando es necesario para salvar la vida de la mujer. Basso afirma: “En mi libro Nacer y morir con dignidad hablo del tema indicado el caso de cáncer.
Está demostrado que el aborto no cura el cáncer, por el contrario, lo empeora. Nunca, según los principios cristianos, es lícito el aborto”.
Sin obligación de informar
La resolución judicial de Santa Fe en la que se procesa a médicos que se negaron a realizar un aborto terapéutico se suma a otro fallo de la Sala Sexta de la Cámara del Crimen, de la semana pasada, que sostuvo que los médicos que atienden a mujeres por complicaciones derivadas de un aborto clandestino no deben dar aviso a la policía ni denunciarla ya que están protegidos por el
secreto profesional. La sentencia avala la atención de las pacientes que, después de practicarse un aborto clandestino, pueden correr riesgo de infección o muerte si no son correctamente atendidas.
¿Dónde está mi hija ahora?, se pregunta Norma
“Muchas enfermeras se enojaban conmigo y me decían: ¿Cómo va a denunciar al doctor que nos da trabajo? Ellas no saben cómo estaba mi hija, deformada y dolorida cuando murió. Por estar embarazada los médicos sólo le daban paracetamol”, cuenta Norma Cuevas que, con sólo 38 años, ya perdió a una hija de 20 y cría a sus nietos. “No tenemos para comer y fundimos todo para intentar salvar a mi hija”, dice Norma, que ahora vive con su marido, Haroldo
Acevedo (53) y sus otros hijos: Antonio (19), Angélica (16) y Alejandra (13), en Colmena, al norte de Santa Fe.
“Los médicos tenían que cumplir con su función. Mi hija sufrió un año y nueve días y aguantó todo, pobrecita. Desde un principio les dije que mi hija se iba a morir si le dejaban el embarazo y ellos me dijeron que no. ¿Y dónde está mi hija ahora?”, se pregunta Norma. “¿Para qué queríamos otro?
Nosotros queríamos salvar a nuestra hija”, relata. Y compara: “Si
teníamos plata lo hacían. Pero cuando mi marido lloraba los médicos le decían que no le iban a hacer el aborto porque iban a ir presos. Él le decía que él prefería ir preso, pero salvar a su hija. Después le daban paracetamol, ni un calmante. No hay dimensión de lo que ella sufrió ni de lo que sufren sus hijos que todavía piden por ella”.
A Norma la resolución judicial no la conforma plenamente, pero sí rescata: “Al menos los médicos van a tener miedo de hacerle lo mismo a otra mujer. No se hace lo que hicieron con mi hija. Podían salvar a una madre pero eligieron dejar a tres nenes huérfanos”
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Miércoles, 3 de Septiembre de 2008
La familia de una nena de 12 años embarazada tras un abuso reclama el aborto
Para evitar una segunda violación
La madre de la chica, que está internada en un hospital mendocino, pidió a la Justicia la autorización para la interrupción del embarazo por considerar que el caso se adecua a los criterios de no punibilidad que establece el Código Penal.
Por Mariana Carbajal
Una nena de 12 años que fue violada y quedó embarazada está internada en el hospital pediátrico Humberto Notti, de la ciudad mendocina de Guaymallén. La mamá pidió a la Justicia que autorice la interrupción de la gestación por considerar que encuadra en los criterios de no punibilidad previstos en el Código Penal.
La nena de 12 años atendida en el Notti fue violada a la salida de la escuela en la localidad mendocina de Maipú, según publicó el diario mendocino Uno. En el trayecto a su casa, fue abordada por un encapuchado que, según los investigadores, ocultó su rostro porque es muy probable que la víctima lo conozca. El agresor la llevó hasta un descampado y allí la sometió. La pequeña volvió a su casa pero no relató lo sucedido porque el hombre la había amenazado, por lo que recién después de algunos días la madre notó que la chica no menstruaba y la llevó al médico, donde se enteró del embarazo de su hija. Llevaría ya más de un mes de gestación.
En el caso interviene el juez de Familia Nº 1 de Mendoza, Germán Ferrer, el mismo que dos años atrás se pronunció a favor del aborto solicitado por la madre de C.C.A., una joven de 25 años discapacitada mental, también abusada sexualmente (después se supo que el agresor había sido un cuñado), cuyo pedido llegó hasta la Suprema Corte provincial a mediados de agosto de 2006.
El viernes Ferrer recibió el pedido de autorización del aborto no punible de la madre de la niña. En el escrito, presentado por su codefensora pública, se argumenta que el caso cumple con los requisitos del artículo 86º del Código Penal, en el inciso 1º, que se refiere al aborto terapéutico, porque de continuar el embarazo se pondría en riesgo la salud psíquica de la niña, y también en el inciso 2º, porque se trata de un embarazo que proviene de una violación.
El magistrado dispuso inmediatamente una serie de medidas, entre ellas, que un médico certifique el embarazo y el tiempo de gestación, y pidió que intervenga y se expida el Comité de Bioética del Hospital Notti. A cargo de ese órgano se encuentra Marta Fracapanti, directora de la Maestría de Bioética de la Facultad de Medicina de Cuyo y del Consejo Provincial de Bioética, conocida en el ámbito de la salud por sus posiciones conservadoras. Fracapanti no quiso hablar del caso cuando PáginaI12 la ubicó telefónicamente.
El ministro de Salud de Mendoza, Aldo Sergio Saracco, dejó clara su posición frente al aborto, al ser consultado por PáginaI12 sobre el caso de la niña violada que presentó un pedido de interrupción del embarazo en la Justicia: “Tenemos una prioridad: preservar la vida de las personas, por nacer y ya nacidas”.
Saracco tiene en su despacho un proyecto de reglamentación de los abortos no punibles en la provincia, elaborado durante la gestión anterior, que tiene el visto bueno de la Asesoría Legal de la cartera, pero se resiste a ponerle la firma.
En la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación está pendiente el tratamiento del proyecto de reglamentación de los abortos no punibles, una iniciativa que ya obtuvo dictamen de la Comisión de Salud. “Cualquier mujer que es violada y resulta embarazada tiene el derecho de recurrir a un aborto. No creemos que sea necesario que tenga una discapacidad mental”, opinó la diputada kirchnerista Nora César, presidenta de Legislación Penal.
César explicó que el proyecto busca “aclarar la auténtica interpretación que hay que hacer del artículo 86 inciso 1º y 2º del Código Penal”, que define en qué casos un aborto no es punible, y por tanto, no debe exigirse autorización judicial.
De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Salud, entran bajo ese paraguas los abortos terapéuticos –cuando hay peligro para la vida o la salud de la mujer y en esos cuadros se incluye los casos de violación o de un feto inviable– y cuando el embarazo proviene de un abuso sexual a una mujer idiota o demente.
La diputada, que es abogada, adelantó que impulsará algunas correcciones “técnicas” al dictamen de la Comisión de Salud. Todavía no hay fecha para su tratamiento. Según puso saber este diario, habría presiones del bloque kirchnerista para cajonearlo.
El texto considera que debe interpretarse como “no punible” la interrupción de un embarazo que proviene de una violación a cualquier mujer o si el feto es inviable, porque su continuación puede implicar un “peligro para la salud de la gestante”. En caso de violación, debe adjuntarse a la historia clínica la constancia de la denuncia policial o judicial.
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No se discute ética sino poder
Por Martha Rosemberg *
Me pregunto qué estará significando para esa niña violada la pena que
se le está infligiendo ahora. Ya fue sometida por alguien mucho más
pesado que ella, de más edad y otra generación, de mayor
responsabilidad y autoridad familiar. Ni hablar de la diferencia de
fuerza física. Ya sabe eso. Pero la cosa continúa: denegado el pedido
de aborto por los médicos responsables de proporcionarlo, secuestrada
por un juez que ni siquiera debió intervenir, demorada por un comité
de bioética que se asume pertinente cuando la decisión es de abortar,
pero no cuando se consigue torcerla. No es de ética de lo que se
trata. Es de las estratagemas del poder médico para imponer sus
decisiones. ¿Qué es este embarazo para la nena? La santificación de la
perversión del violador que la toma por objeto. El inseminador es
omnipotente, su poder es infinito. Aunque pueda ocurrir que sea
condenado y preso, eso no repara el daño que ella soporta dentro suyo.
Nadie pone fin a las consecuencias de su acto. Quienes deben
protegerla sólo reafirman el sometimiento al que la destinan. No hay
hábeas corpus para la nena violada. Más allá de todas las
recomendaciones del Consejo Interamericano de Derechos Humanos al
Gobierno.
¿Quién es ella? Funda, vaina, objeto de la voluntad divina y no tanto,
sierva del violador, de sus miedos, de su desamparo que la pone en el
trayecto de una eyaculación que no debería haberla alcanzado nunca.
También despojada de la educación sexual y la información
anticonceptiva que la escuela le debe. Ahora ya aprendió –gracias a
las enseñanzas de la Santa Madre– que de la abyección de las figuras
parentales –quien no la mira, quien no la ve sino por el ojo seminal–
surge una vida sublime que vale mucho más que la de ella misma. Ahora
sí que se disputan su dominio. Y salen el clero, los jueces y los
médicos a apoderarse de ella para mayor gloria de dios. La perversión
triunfa. La Iglesia y la industria sexual se las arreglan para lograr
que la sexualidad sea pecado y la perversión, sagrada. Perverso mata
sexual. Lo que les resulta intolerable es la resistencia de las
mujeres a su destinación procreativa. Que el mandato de sometimiento
sea resistido, como de hecho lo es, por las miles de mujeres –muchas
fieles católicas– que abortan, y por las mujeres que afirman su
autonomía y pretenden que el derecho a decidir sobre su cuerpo y su
capacidad de gestar no sea ejercido más que por ellas mismas. A la
nena mendocina, las falanges clericales fundamentalistas que
invadieron el espacio médico en el que fue atrapada, le anticiparon y
re-actualizaron el infierno: tanto con las imágenes que la obligaron a
mirar, como al presionarla con su condena y prohibición de un aborto
que había demandado y al que tenía pleno derecho. Niña-objeto, le
impidieron el único gesto que hubiera podido acreditarla como sujeto
en la vía de oponerse a la mala fortuna de haber sido violada también
en un día en que su fertilidad hizo visible la violencia a la que
estaba sometida. Y le dieron el visto bueno. Fertilidad mata
violencia. ¿Quién paga?
* Psicoanalista. Foro por los Derechos Reproductivos-Campaña Nacional
por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-111514-2008-09-13.html
Jueves, 8 de Enero de 2009 Un drama que pudo haberse evitado
El caso, ocurrido en Mendoza, pone de relieve la falta de pautas para atender en hospitales públicos los casos de abortos no punibles, como los de embarazos producidos por violación. Así se evitaría que las víctimas recurran al sistema clandestino.
Por Mariana Carbajal
La vida de M pende de un hilo. La nena, de 12 años, internada en Mendoza como consecuencia de una aguda infección abdominal producto de un aborto realizado en malas condiciones sanitarias, sigue en gravísimo estado y “corre riesgo de muerte”, informó ayer el director del Hospital Lagomaggiore, José Moschetti, a Página/12. El dramático caso dejó en evidencia la ausencia de una reglamentación de la atención de los abortos no punibles en la provincia, que hubiera evitado que la niña terminara en el circuito clandestino para poner fin a una gestación presuntamente forzada: desde dos ONG recordaron que el ministro de Salud, Sergio Saracco, tiene hace un año para firmar un protocolo, que cuenta con un dictamen favorable de la asesoría letrada de la propia cartera sanitaria. A mediados de 2008, desde el Instituto de la Mujer y de la Dirección de Derechos Humanos del mismo gobierno mendocino le advirtieron que era urgente que lo implementara, reveló una ex funcionaria.
“Si existiera un protocolo de atención claro para los médicos, esta nena no estaría hoy en riesgo de muerte, sin útero y sin un ovario. Hubiera podido ir al hospital público, ya que el suyo, sin dudas, es un aborto no punible, contemplado en el artículo 86 del Código Penal y recibir una atención adecuada. Para que no se repitan estos casos es que reclamamos que el aborto sea legal, seguro y gratuito”, señaló la abogada Mariana Hellin, ex titular del Instituto de la Mujer de Mendoza, a cargo del área de Género de Xumek, una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos en la provincia. En las últimas horas, la Justicia detuvo a una mujer en Guaymallén, sospechada de haber practicado el aborto inseguro: la mujer se negó a declarar, quedó imputada en la causa y luego recuperó su libertad al no tener antecedentes penales.
Página/12 intentó entrevistar al ministro Saracco, pero el funcionario no atendió a este diario. En una extensa entrevista publicada ayer en el diario El Sol, de Mendoza, Saracco se refirió al caso y dejó clara su posición contraria a un aborto en cualquier circunstancia, incluso cuando –como en esta situación– se trata de una niña que habría sido violada.
Saracco apuntó a demonizar la práctica del aborto en sí misma –a pesar de que en condiciones seguras se trata de una intervención sin riesgo– y puso el eje en quién llevó a cabo el procedimiento que derivó en el gravísimo cuadro. “En esto hay una situación que consideramos de total irresponsabilidad por parte de quien realizó la intervención. Por otro lado, también de quienes indujeron a la menor a hacerlo, porque por la edad que tiene no está en condiciones de discernir”, consideró el ministro. Y agregó que “tener un embarazo no deseado y realizarse un aborto produce daño psicológico y, por otro lado, siempre es un procedimiento quirúrgico que pone en riesgo la vida”.
Las apreciaciones del ministro fueron rechazadas por Hellin y también por Celia Simioli, enlace en Mendoza del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), entidad feminista que acaba de ganar el Premio Rey de España de Derechos Humanos. “Está satanizando a quien realizó ese aborto, cuando hay que poner el énfasis en que la familia no se atrevió a llevar a esa niña al hospital público, después del antecedente de hace tres meses, cuando otra niña, también de 12 años y violada, fue expuesta en el Hospital Pediátrico Humberto Notti a militantes pro vida que la manipularon y finalmente decidió no interrumpir esa gestación forzada. El ministro no se fija en el drama de la violación. Es aberrante que salgan a llenarse la boca con la defensa de ese embarazo”, opinó Simioli, en diálogo con Página/12.
“Cuando fue el caso anterior, el consentimiento de la niña fue sobrevaluado. Ahora que esta niña elige interrumpir ese embarazo no la quieren escuchar y buscan a quien la llevó a abortar”, observó Hellin, que estuvo al frente del Instituto de Derechos Humanos del gobierno mendocino hasta septiembre último. Hellin precisó que el protocolo de atención de los abortos no punibles, que está a la firma de Saracco, fue redactado durante la gestión del ex gobernador y actual vicepresidente Julio Cobos, pero quedó sin ser firmado por el anterior ministro de Salud, Armando Caletti. Tanto Caletti en su momento como luego Saracco se habían comprometido ante ONG de mujeres y derechos humanos a instrumertarlo. Pero no cumplieron con su palabra.
Mientras tanto, M continuaba ayer en terapia intensiva. Su cuadro, muy grave, era estable, según informó el director del Hospital Lagomaggiore, adonde la nena llegó el domingo derivada del Hospital Notti en estado de “shock séptico, con fallas en el funcionamiento de los riñones y el hígado y problemas de coagulación de sangre también”. La chica fue sometida a una operación de urgencia por la aguda infección abdominal que presentaba y tuvieron que extirparle el útero y un ovario. “Su estado es crítico. Está lúcida sin necesidad de asistencia respiratoria. Pero sigue con problemas renales y en el hígado. Esperemos que sean pasajeros y salga adelante”, se esperanzó Moschetti. El director indicó que el aborto se le habría practicado en pésimas condiciones sanitarias en momentos en que la niña llevaba unos tres meses de embarazo.
M es hija de una madre soltera y pertenece a una familia humilde de Guaymallén. En el caso interviene el Juzgado de Familia Nº 3 de Mendoza, a partir de una denuncia realizada desde el Hospital Notti. Y también la oficina fiscal Nº 9 de Guaymallén, que tiene a su cargo la investigación penal del aborto y del abuso sexual. A última hora del martes, la Justicia realizó un allanamiento en una casa de Rodeo de la Cruz, en el departamento de Guaymallén, y detuvo a una mujer, que sería médica, identificada como Mirta Rodríguez. Se le imputó el delito de “aborto sin consentimiento de la mujer practicado por un médico agravado por ánimo de lucro”, con penas de 3 a 10 años, según explicaron fuentes de la investigación a este diario. La mujer se negó a declarar y recuperó su libertad al no tener antecedentes penales.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-117853.html
Rosario: dos jóvenes madres murieron después de abortos clandestinos
Dos jóvenes de 30 y 24 años murieron entre viernes (20/2) y sábado (21/2) en Rosario por infecciones generalizadas causadas por sendos abortos practicados con métodos caseros y en condiciones sanitarias inseguras. Una de las mujeres fallecidas era madre de tres niños y la otra, de uno. Las dos vivían en situación de pobreza y fallecieron después de ingresar al hospital Provincial en una situación de salud límite, comentaron los médicos.
“Rosario puede mostrar muchos años sin una muerte materna, por eso es enorme nuestra preocupación. Una muerte materna por aborto clandestino demuestra que hay mucho por hacer”, evaluó Debora Ferrandini, secretaria de Salud provincial. La funcionaria cuestionó la imprevisibilidad de los envíos de anticonceptivos por parte de la Nación en 2008: “Las muertes de mujeres jóvenes con niños por causas que pueden evitarse tienen que dar lugar a reflexionar sobre hasta dónde el derecho a la vida no está por encima de cualquier posicionamiento religioso o político”.
Unas cien muertes de mujeres se registran cada año en los hospitales de todo el país por complicaciones de abortos clandestinos. Y, pese a estar penalizados, se realizan anualmente alrededor de medio millón de abortos.
Ilegalidad. La abogada de Indeso Mujer y de Mujeres Autoconvocadas de Rosario (MAR) Mabel Gabarra opinó que “la ilegalidad actual del aborto no protege la vida” y afirmó que “esto está demostrado en todos los lugares del mundo donde esta práctica es legal”. Gabarra explicó que “a partir de la legalización el número de abortos se reduce porque además esto va acompañado de educación sexual y de campañas de anticoncepción”.
La diputada nacional Silvia Augsburger (PS), una de las impulsoras de un proyecto de despenalización, se mostró ayer (23/2) “pesimista” sobre la posibilidad de que se dé el debate en el Congreso. La legisladora también expresó que desde la asunción de Graciela Ocaña al frente del Ministerio de Salud de la Nación “ha habido inmensos retrocesos”.
(Noticia ampliamente tratada por los medios – 24/2/09)
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